5 recomendaciones para que gobierno y particulares combatan la corrupción

Si bien es sabido que la corrupción limita el desarrollo económico y social, afecta la inversión, disminuye la eficacia de los programas sociales e incrementa la desigualdad, y además tiene un costo aproximado de entre 8% y 10% del PIB, aún falta mucho para entender cómo se desarrolla y cómo se puede combatir, señala el think tank Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Por esta razón, la agrupación elaboró el reporte Descifrando la corrupción, que analiza las causas y consecuencias de los actos corruptos y busca dar indicios para enfrentarlos.

Liliana Alvarado, directora de desarrollo económico y social de Ethos, señaló este jueves que existen dos grandes desafíos para combatir la corrupción.

"Tenemos dos retos: una correcta asignación de los recursos y cómo se va a dar el monitoreo de ese gasto (...) es importante que desde la sociedad civil presionemos para contar con una batería de indicadores que contribuyan en esta materia", dijo, durante la presentación del informe en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

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¿Es suficiente el presupuesto?

Ethos estima que, para el ejercicio fiscal de 2017, hay un presupuesto de 7,382 millones de pesos (mdp) para el combate a la corrupción. Esto incluye el dinero destinado al Poder Legislativo, con 2,275 mdp; al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con 2,554 mdp, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), con 1,106 mdp.

Durante la presentación del informe, Luis Chicoma, director de Ethos, cuestionó si estos recursos son suficientes para implementar sanciones y garantizar que las instituciones funcionen adecuadamente, mientras que Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseguró que esos fondos no bastan, pues en ese monto no se contemplan los nuevos procedimientos establecidos a nivel federal y estatal para combtir la corrupción.

Peschard citó como ejemplo el caso del propio comité ciudadano del SNA, el cual todavía carece de presupuesto. "Llevamos tres meses de vida sin presupuesto ni una oficinita dónde reunirnos", dijo.

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Activar la particpación ciudadana

Para enfrentar estos retos, Chicoma señaló la urgencia de simplificar y modernizar los servicios gubernamentales, y que la falta de competencia en el otorgamiento de los mismos y el inevitable contacto entre funcionarios y ciudadanos propicia los actos de corrupción.

"La incorporación de la tecnología no sólo facilitaría y agilizaría los trámites, sino también reduciría los actos de corrupción", sostuvo.

El comisionado del INAI Joel Salas comentó que otros puntos por atender son la especialización de las personas encargadas de combatir la corrupción y la participación de la sociedad en la construcción de los sistemas locales anticorrupción.

"En todos los sistemas locales habrá una representación formal de la ciudadanía, creemos que los ejercicios locales de gobierno abierto deberían ser utilizados para poder monitorear que los sistemas anticorrupción locales lleguen a buen puerto", dijo.

En el evento también participaron Elisa Suárez, directora de Planeación de Políticas de Ética, Integridad y Prevención de Conflicto de Interés de la SFP; Alejandro Ríos Rippa, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Coparmex; la diputada federal Minerva Hernández y la senadora suplente Martha Tagle.

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Recomendaciones para no caer en la corrupción

1. Vigilar la correcta asignación y ejecución de los recursos para el combate a la corrupción.

Ofrecer y contar con información sobre quién, en qué y cómo se gastan los recursos destinados a este rubro, así como de los resultados que este gasto genera.

2. Simplificar y modernizar los procesos burocráticos para el otorgamiento de servicios gubernamentales.

Incorporar tecnología a un mayor número de trámites, para facilitar y agilizar el acceso a servicios y mejorar la forma en que se distribuyen estos servicios.

3. Vigilar la implementación de los sistemas locales anticorrupción.

Los congresos locales deben avanzar en la legislación en la materia, con el fin de impulsar el combate a la corrupción en el mismo sentido y garantizar la asignación apropiada de recursos para el establecimiento y correcto funcionamiento de las instituciones contempladas.

4. Fomentar la cultura de la legalidad como parte del combate a la corrupción.

Establecer programas de educación y prevención para niños, jóvenes y adultos para contar con una sociedad que rechace las prácticas corruptas.

5. Promover la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción.

Buscar la participación de la ciudadanía e incentivarla a denunciar actos de corrupción y desarrollar un esquema de protección para los denunciantes.