México sancionará penalmente a empresas corruptas
Las empresas que incurran en sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos podrán ser sancionadas a partir del 19 de julio, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Las sanciones administrativas y penales que podrán recibir las firmas irán desde multas hasta la disolución de la sociedad.
También se les aplicará la extinción de dominio, es decir, el decomiso de bienes como propiedades o dinero en efectivo que la empresa haya obtenido a través de malas prácticas.
Se sancionarán las malas prácticas que incluyen operaciones empresariales con dinero público o privado, entre ellas pagos ilegales a funcionarios o fraudes.
Lee: Una a una, de qué tratan las siete leyes del SNA
La Ley 3 de 3, promulgada en julio de 2016 tras un duro camino legislativo que incluyó un veto presidencial, pretende perseguir a las empresas que usan la corrupción como una estrategia para mejorar su posición.
La nueva ley pretende perseguir este tipo de casos y exhibir la conducta de la empresa, no sólo de las personas que incurrieron en el acto, precisó Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.
"A la empresa se le podría acusar de corrupción bajo el nuevo Código Penal, porque se puede demostrar que actuó como tal y no sólo el ejecutivo.
Es decir, que se pueda establecer que no fue sólo un ejecutivo de la empresa quien obtuvo el beneficio indebido a partir de un soborno o cohecho, sino que la empresa tuvo una política para obtener esos beneficios indebidos", explicó Bohórquez al diario.
Los casos pueden seguirse de oficio, por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación detecte una mala práctica, o a través de una denuncia.
Lee: La falta de confianza desafía el arranque de los sistemas locales anticorrupción
La Ley General de Responsabilidades es una de las siete que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El SNA nació como una estrategia para evitar que en México se sigan incrementando los delitos en esta materia, que consume cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB), merma la competitividad y daña la imagen tanto de instituciones como de funcionarios.
