A contrarreloj: La PGR tiene 6 meses para atar los cabos del caso Duarte

La Procuraduría General de la República (PGR) entró la noche de este sábado en una carrera contra el tiempo, en la que tendrá un máximo de seis meses para cerrar la investigación complementaria en torno al caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz a quien acusa de los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El plazo fue fijado por el juez de control Gerardo Moreno García, al término de la misma audiencia en la que ordenó que Duarte quede vinculado a proceso . El juzgador detalló que la fecha límite para el cierre de las indagatorias será el 22 de enero de 2018.

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Durante estos seis meses —tiempo máximo permitido por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)—, la PGR buscará fortalecer su investigación contra el expriista, a quien señala como cabeza de una “empresa criminal” que hizo desvíos del erario de Veracruz por alrededor de 1,670 millones de pesos, con la finalidad de fondear compañías fachada y adquirir inmuebles, terrenos, vehículos de lujo y joyas.

Pedro Guevara, director de Control y Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales, dijo durante la audiencia del sábado —que duró más de 12 horas— que la PGR necesita este plazo para completar varios puntos de sus pesquisas.

Entre ellos está ampliar la declaración de tres testigos clave en el caso: dos son excolaboradores de Duarte, Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez; el tercero, quien fue su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. Estos tres testimonios son catalogados por la PGR entre sus principales datos de prueba en la acusación contra el exgobernador.

En total, la PGR expuso 82 datos de prueba en contra el expriista, que también incluyen dictámenes contables y copias de estados de cuenta, escrituras y contratos de compraventa de algunas de las propiedades que Duarte y su círculo presuntamente compraron con dinero desviado de las arcas veracruzanas.

Guevara dijo que, con la ampliación de la declaración de estos tres hombres, se busca que aporten más detalles sobre las operaciones de la red atribuida a Duarte. Por ejemplo, fechas precisas de transferencias de secretarías del gobierno estatal a empresas fachada.

En contraparte, la defensa de Javier Duarte desestimó estos testimonios. Incluso, con relación a las declaraciones de Ortega y Janeiro, acusó que fueron obtenidas de forma ilegal porque la PGR negoció con ellos a cambio de retirar órdenes de aprehensión en su contra.

Para el abogado Marco del Toro, cabeza del equipo legal del veracruzano, esto equivale a un testimonio obtenido bajo coacción o "con la soga al cuello”, algo que la PGR rechazó.

Respecto de Bermúdez —hoy detenido en Veracruz por peculado y tráfico de influencias, y quien declaró que recibió instrucciones para transferir recursos de la Secretaría de Seguridad Pública a determinados proveedores—, Del Toro sostiene que sus afirmaciones no son suficientes. De acuerdo con el defensor, lo dicho por Bermúdez no implica directamente a Duarte porque quien supuestamente instruyó no fue él sino Tarek Abdala, entonces tesorero de la Secretaría de Finanzas y actualmente diputado federal por el PRI.

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Con la mira en Suiza

Otro punto sobre el que la PGR busca profundizar, según dijo Guevara, es la posible existencia en Suiza de cuentas bancarias y de propiedades a nombre de Duarte y sus allegados.

El funcionario de la PGR explicó que tiene indicios de que Moisés Mansur Cysneiros, excolaborador de Duarte y quien sigue libre, hizo transferencias al país europeo. Además, se cree que elexgobernador compró bienes en ese país, por lo que la dependencia ya solicitó información al gobierno suizo.

De manera similar, la institución ya pidió a la Secretaría de Finanzas de Veracruz que le informe sobre transferencias que considera sospechosas, a fin de determinar si hay coincidencia entre tales operaciones y las compras atribuidas al círculo de Duarte.

La defensa sostuvo que los señalamientos sobre traspasos de dinero público son vagos y no han aportado evidencia sobre la posible conexión del veracruzano con estos ilícitos. “No hay ninguna participación de mi defendido en ello”, insistió el abogado Del Toro.

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Acusación “genérica”

En estos seis meses —que únicamente podrán tener una prórroga si el Poder Judicial considera que hay justificación—, la PGR tendrá el reto de robustecer una acusación que la defensa de Duarte tachó de “no solamente endeble, sino hasta patética”.

Más aún, si bien el juez Moreno García dictó el auto de vinculación a proceso al concluir que existen suficientes indicios de que el exgobernador cometió delitos, coincidió con los abogados en que hasta ahora Duarte ha sido acusado de forma “genérica”.

Incluso, el juzgador decidió desechar dos de los 82 datos de prueba aportados por la PGR.

Uno de ellos es el testamento de Mansur, en el que éste dejaba a Duarte todos sus bienes, dándole prioridad por encima de su propia familia. Según la PGR, esto constituía un indicio de que Mansur fungía como prestanombres del exmandatario. Sin embargo, la defensa demostró que el documento databa de 2006 —cuatro años antes de que Duarte llegara al gobierno de Veracruz— y que fue revocado en 2010.

La otra prueba desechada es la sentencia contra las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, condenadas en abril pasado a tres años con cuatro meses de prisión por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la PGR, ambas formaban parte de la “empresa criminal” de Duarte, aunque el juez consideró que no se cuenta con elementos para asegurar que hayan formado parte fundamental de un círculo encabezado por el expriista.

El sábado por la noche, el equipo de la PGR logró corregir la plana en relación con la audiencia del lunes — cuando el propio Moreno García cuestionó las cifras expuestas en la acusación —, y también consiguió que Duarte fuera vinculado a proceso. No obstante, ahora encara un desafío mayor: asegurarse de que el caso no se le caiga.
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