Policía y defensorías, los eslabones débiles del sistema de justicia penal
A un año de que entró en pleno funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal, especialistas advierten deficiencias institucionales que ponen en riesgo la consolidación de la reforma en la materia, aprobada en 2008 .
En el informe Hallazgos 2016 —que evalúa presupuestos y desempeños—, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) señala que, en particular, las policías y las defensorías públicas son los eslabones más débiles.
Acerca de las policías, que fungen como primer vínculo entre los ciudadanos y el sistema de justicia, el documento alerta de que hay falta de coordinación entre las corporaciones y el Ministerio Público, lo que dificulta que las investigaciones lleguen a buen término.
"La policía es percibida hoy como el eslabón más débil del SJP (sistema de justicia penal) y como una de las instituciones con menor índice de confianza por parte de la ciudadanía", dice el informe.
Además, subraya que 25% de los agentes entrevistados reconoció no sentirse capacitado ni preparado para llenar el Informe Policial Homologado, es decir, el primer documento que registra la posible comisión de un delito.
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Otro punto flaco de las policías es que sus elementos no logran justificar adecuadamente el uso de la fuerza en la mitad de las detenciones que realizan, aparte de que en siete de cada 10 casos resguardan mal el lugar de los hechos.
"Ha resultado difícil homologar la actualización de los policías debido a que no existen esquemas de organización y gestión sólidos al interior de las instituciones de seguridad pública", señala el informe.
En cuanto a las defensorías, el reporte destaca que enfrentan problemas profundos a pesar de que tienen una de las tareas fundamentales dentro del nuevo sistema: garantizar la protección de los derechos humanos de víctimas e imputados.
"Actualmente, las defensorías públicas continúan siendo los operadores que se encuentran en mayor desventaja, no sólo en cuanto a la asignación de recursos, sino también en los avances en materia de organización y gestión", señala.
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Como recomendación, el documento señala la necesidad de implementar una estructura organizacional que garantice un uso eficiente de los recursos y que sea acorde a las necesidades de cada etapa del proceso penal.
Además, incluye evaluaciones a otras áreas, como la de procuración de justicia, en la que señala que las discrepancias entre los modelos de investigación en las fiscalías son una puerta abierta a la impunidad y a violaciones a los derechos humanos.
En impartición, el estudio advierte la necesidad de fortalecer el desarrollo de tareas administrativas en los tribunales, para corregir rezagos en la atención y resolución de casos, y sobre la respuesta a las víctimas, advierte de una brecha entre el número de asesores jurídicos y el número de víctimas por cada entidad federativa, lo que dificulta garantizar el derecho de éstas a contar con representación jurídica durante el proceso penal.
