Los estados, debajo del estándar de implementación de la reforma penal: CIDAC

Guanajuato, Chihuahua y BC encabezan la clasificación de avance en la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia, aunque ninguno alcanza el ideal; Campeche, BCS y Guerrero, con los menores rangos.
Especialistas urgen a las autoridades a comprometerse con resolver los pendientes del nuevo modelo oral acusatorio, el debido proceso y con principios básicos como la presunción de inocencia.
Justicia  Especialistas urgen a las autoridades a comprometerse con resolver los pendientes del nuevo modelo oral acusatorio, el debido proceso y con principios básicos como la presunción de inocencia.  (Foto: iStock by Getty Images/Bill Oxford)
José Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Todas las entidades del país están por debajo de la expectativa de avances en la implementación del nuevo modelo de justicia penal —que entre otros aspectos prevé los juicios orales—, a un año de su plena entrada en vigor, indicó un estudio del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

Guanajuato, Chihuahua y Baja California fueron las entidades más adelantadas, aunque sin alcanzar el estándar realista esperado para 2016, en tanto que Campeche, Baja California Sur y Guerrero se encuentran al fondo de esta medición que considera una serie de indicadores para poner en marcha la reforma penal aprobada desde 2008 y para la cual se dio un plazo de ocho años para la adaptación de las instituciones.

El ranking prevé además un estándar ideal que refleja las condiciones en las que se debería aspirar que el sistema funcione a partir de su consolidación y mejora continua.

“Nunca vamos a llegar a ese ideal en términos de sistema, lo que sí buscamos es lo más cercano a ese ideal que nos daría un funcionamiento óptimo del sistema penal acusatorio en el tiempo”, dijo la directora del Área de Justicia de CIDAC, María Novoa, durante la presentación del informe, realizada este miércoles.

Entre las deficiencias encontradas, está la necesidad de modificar la manera en que funcionan y se coordinan las instituciones de seguridad y justicia como los cuerpos de policía y las procuradurías para la persecución de los delitos, así como la falta de de capacitación y de recursos materiales.

El informe —elaborado por el think tank con base en el análisis de diversos indicadores y trabajo en campo— señala que los elementos tomados en cuenta en el reporte están relacionados con prácticas positivas en la planeación, proyección de recursos, mecanismos de seguimiento y procesos de evaluación de acciones como capacitación, implementación de sistemas tecnológicos de gestión y uso de medios alternativos de solución de conflictos.

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El análisis estima que a nivel nacional tomaría más de 10 años superar estos rezagos para alcanzar los objetivos y beneficios del sistema de justicia penal oral acusatorio.

“En una década, con un plan, una estrategia y una visión clara de un proceso, podríamos tener un funcionamiento con las características que requerimos”, señaló Novoa.

El documento plantea recomendaciones como profesionalizar al capital humano, homologar procesos entre los estados y las instituciones, consolidar una planeación de metas a mediano y largo plazo, adoptar una visión integral sobre el sistema de justicia y crear una instancia técnica interinstitucional nacional que garantice la coordinación y evaluación que permita atender estos pendientes.

La inversión de más de $15,000 millones, en riesgo

La investigación de CIDAC encontró que, de 2010 a 2016, se invirtieron recursos públicos por más de 15,000 millones de pesos para la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia, entre otras con acciones como la construcción de instalaciones para los juicios orales.

De dicho monto, más de 11,000 millones corresponden a un fideicomiso y más de 4,000 millones pertenecen a un subsidio otorgado por la Federación, ambos para apoyar a las entidades en este proceso. A esta suma hay que adicionar 51 millones de pesos gastados por el gobierno federal en consultorías y asesorías de proyectos, así como el dinero de los diversos fondos de seguridad que los estados reciben, y que en parte han sido empleados para la implementación de la reforma.

“La apuesta institucional y económica por la capacitación ha sido muy relevante, y la verdad los resultados han sido muy insatisfactorios”, afirmó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar Ugarte, durante la presentación del estudio.

La 'contrarreforma'

Los especialistas advirtieron que iniciativas de reforma recientemente presentadas para ajustar el nuevo modelo de justicia penal podrían resultar regresivas.

El PRI y la administración del presidente Enrique Peña Nieto impulsan propuestas para endurecer el combate a delitos como portación de armas y robo de hidrocarburos, mientras que gobernantes como Miguel Ángel Mancera (Ciudad de México) y Omar Fayad (Hidalgo) se han pronunciado por modificar el sistema para evitar que personas procesadas sean liberadas y regresen a la calle, por considerar que esto incrementa la estadística criminal.

Salazar Ugarte afirmó que el problema no está en el modelo, sino en tareas de los gobiernos como capacitación, investigación, prevención e impulso a las medidas alternativas de solución de conflictos.

“El problema no está en el diseño, la concepción ni la orientación del modelo... y que me disculpe el jefe de gobierno de la ciudad. El problema está en la implementación y, por lo mismo, en los gobernadores. Es un problema que tiene que ver con responsabilidades políticas y operativas por parte de aquellos funcionarios que tienen a su cargo la gestión de gobierno. Esto de culpar al modelo de los problemas que tenemos en materia de seguridad y del incremento de los índices de inseguridad, por lo pronto en la Ciudad de México, es falaz”, destacó.

El académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Miguel Sarre se pronunció por que las autoridades se comprometan con el debido proceso en la acusación penal, así como con principios básicos como la presunción de inocencia, y no responsabilizar al modelo incipiente de la situación prevaleciente de violencia.

“Años de trabajo, miles de millones de inversión se desfondan con estas declaraciones y actitudes”, comentó.

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El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, rechazó que las modificaciones planteadas impliquen un retroceso.

“Una reforma a la legislación secundaria para que el robo de hidrocarburos y el acopio y portación de armas de uso reservado a las Fuerzas Armadas tengan siempre prisión preventiva, eso es lo que algunos llaman una contrarreforma; pero no lo es. Es atender la realidad nacional, tratar de combatir la impunidad y poner el tope a la ‘puerta giratoria’ (de delincuentes que salen de prisión)”, aseguró el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), tras la presentación del informe.

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