Los alcaldes piden prisión automática a acusados de portar armas y de huachicol

La Conferencia de Seguridad Municipal exhorta al Congreso a aprobar reformas para ampliar el catálogo de delitos graves que ameritan mantener a los acusados presos durante su proceso penal.
Delitos graves  Autoridades buscan castigar con prisión preventiva oficiosa la posesión de armas de alto poder, entre otras faltas.  (Foto: iStock by Getty Images)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Los alcaldes del país, reunidos en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, aprobaron un exhorto para solicitar al Congreso de la Unión modificaciones para mantener en prisión durante su proceso penal a las personas acusadas de delitos vinculados con armas de alto poder y con robo de combustible, una actividad comúnmente llamada huachicol.

"Que se realicen las reformas correspondientes y necesarias para que delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y acopio de las mismas y de robo de hidrocarburos sean considerados con prisión preventiva oficiosa", indicó dicha asociación en un oficio publicado este martes por el Senado.

Los presidentes municipales definieron esta petición por unanimidad durante la primera sesión ordinaria de la Asamblea General de la Conferencia —que también agrupa a los delegados de la Ciudad de México—, celebrada el pasado 6 de julio en Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con el documento enviado a la Cámara alta por su presidente, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, del PRI.

Con lo anterior, los ediles se suman al debate público en torno a ampliar o no el catálogo de delitos graves que ameritan dictar prisión preventiva en automático, como parte de la discusión sobre eventuales cambios a la reforma penal que entró plenamente en vigor en la totalidad del país hace más de un año.

Gobernantes como Miguel Ángel Mancera, mandatario de la Ciudad de México, argumentan que la falta de prisión preventiva oficiosa para casos relacionados con armas de alto poder amenaza la seguridad pública; incluso, anunció que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ya alista una propuesta de reforma. En tanto, expertos y activistas se pronuncian por no dar marcha atrás a los principios del nuevo modelo —entre cuyos elementos emblemáticos están los juicios orales—, y señalan que es necesario capacitar mejor a los funcionarios para sostener ante los jueces los casos que pudieran implicar riesgos para la sociedad.

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El Congreso de la Unión inicia el próximo 1 de septiembre periodo ordinario de sesiones, en el cual los distintos grupos parlamentarios podrían introducir como parte de la agenda legislativa iniciativas para reformar el nuevo modelo penal.

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