Roberto Borge impugnará su extradición a México
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, cuenta con 14 días a partir de este martes para apelar la decisión que el lunes definió el Gobierno de Panamá de extraditarlo a México, donde es acusado de corrupción.
En entrevista radiofónica, el abogado del exmandatario, Carlos Carrillo, dijo que acudirán ante la Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal de Panamá para impugnar la decisión. Se trata de la última instancia local a la que pueden recurrir, agregó.
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Cuestionado sobre si esta decisión se trata de una estrategia para ganar tiempo, el abogado Carlos Carrillo dijo que sí pero que se hace porque consideran que se violan las garantías fundamentales de su defendido.
"Con esta medida, cuando uno enfrenta a actos de poder por encima de las garantías legales, se ve como una dilatación, y puede conllevar una dilatación, sí es verdad, pero hay derechos de impugnar, exhibir y exigir que se respeten las garantías procesales al señor Borge Angulo", dijo en entrevista con Radiofórmula.
La decisión del abogado de Borge también fue notificada por la Cancillería de Panamá, informó EFE.
"Tras ser notificado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cancillería, el ciudadano mexicano anunció que a través de sus abogados interpondrá como recurso de apelación un incidente de objeciones, que se surte ante la Sala Segunda de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia" panameña, dijo la Cancillería en un comunicado.
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Pasados los 15 días que se tienen para la impugnación de la extradición, la Corte panameña tendría de tres a cinco días para resolver, informó Alberto Díaz Beltrán, subprocurador jurídico de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Estimamos que va a confirmar la extradición de Roberto Borge; en este sentido, estimamos que para mediados de octubre pueda estar enfrentando a la justicia mexicano”, agregó.
Borge, quien tenía desde el 31 de mayo una orden de aprehensión emitida por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido el 4 de junio en Panamá cuando se disponía a tomar un vuelo a París.
En un comunicado de dos párrafos, la Cancillería panameña dijo que el "Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores concedió al Gobierno de México la extradición a nivel ministerial del ciudadano Roberto Borge Ángulo, este 18 de septiembre de 2017".
Más temprano la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó de la decisión del Gobierno de Panamá y, junto con la PGR, agradeció a las autoridades panameñas su "esfuerzo y colaboración" en la captura de Borge y en la tarea de resolver la concesión de su entrega, con base en los compromisos alcanzados por ambos países en el tratado de extradición del año 2004.
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"Conforme a la legislación panameña, el señor Roberto Borge contará con los medios de impugnación correspondientes, por lo que las autoridades mexicanas continuarán dando seguimiento y atención a este procedimiento hasta lograr su entrega a nuestro país", afirmaron la SRE y la PGR.
De acuerdo con la fiscalía mexicana, Borge está implicado en la venta de terrenos del estado de Quintana Roo, a través de testaferros, a precios inferiores a los del mercado, y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.
En junio pasado, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) resolvió por unanimidad la expulsión de Borge como militante, a quien ya se le habían suspendido sus derechos partidistas el 16 de diciembre de 2016.
Durante la administración de Borge como gobernador de Quintana Roo, una red conocida como #LosPiratasDeBorge remató terrenos de propiedad pública en dicha entidad turística a través de familiares, empleados y personas cercanas, y realizó despojos en diferentes lugares del estado.
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Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad corroboraron cómo empresas y particulares fueron afectados a través de una maquinaria institucional operada por una red que involucra a funcionarios públicos del gobierno del miembro del priista Borge.
La Secretaría del Trabajo local y las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron empleadas como instrumento para que supuestos trabajadores reclamaran indemnizaciones millonarias y dejaran sin su patrimonio a propietarios en las zonas turísticas de Quintana Roo, Tulum, Isla Mujeres y Holbox.
