El modelo para financiar nuevas casas frena la ley de reconstrucción de la CDMX

Los desacuerdos por los esquemas de financiamiento a los que podrán recurrir las personas damnificadas por el sismo del pasado 19 de septiembre mantienen atorada la ley de reconstrucción para la Ciudad de México, según lo reconocen diputados de los principales partidos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El proyecto del gobierno de Miguel Ángel Mancera propone que quienes perdieron sus casas en el temblor puedan acceder a créditos hipotecarios con tasas de interés bajas. Tal planteamiento es respaldado por el PRD, el partido que postuló a Mancera en 2012, pero es rechazado por la bancada de Morena, que representa la primera fuerza en la ALDF con 20 de 66 asientos.

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Los diputados de Morena consideran que la reconstrucción de todas las viviendas perdidas a raíz del temblor debe financiarse mediante préstamos 'a fondo perdido' —es decir, apoyos gubernamentales que los beneficiarios no estarían obligados a devolver—, y aseguran que la capital del país tiene recursos suficientes para costearlo.

“Mantenemos a un gobierno con nuestros impuestos, las víctimas del sismo llevan años pagando sus impuestos, su predial, cuando compraron su departamento pagaron los impuestos correspondientes, quienes trabajan pagan el ISR (Impuesto Sobre la Renta)… No se vale que, en un momento de éstos, se le diga a la gente que no hay dinero”, dice el líder de la bancada morenista, César Cravioto.

Morena estima que, si la Ciudad hace ajustes a su presupuesto de este año y al que corresponde a 2018, dispondría de alrededor de 35,000 millones de pesos que podría destinar a la reconstrucción de las viviendas perdidas.

Sin embargo, los diputados del PRD ponen en duda estas afirmaciones. Más aún, los integrantes del sol azteca acusan a los morenistas de promover un discurso “electorero”, con el propósito de ganar simpatías entre los votantes de cara a los comicios locales del próximo año.

Raúl Flores, dirigente del PRD en la Ciudad y vicecoordinador de la bancada en la ALDF, asegura que la capital no tiene capacidad financiera para costear una tarea de ese tamaño, sino que únicamente podría apoyar de esa manera a los capitalinos en peores condiciones.

“Habrá que hacer un análisis muy cuidadoso de cuáles son aquellas personas a las que, por su condición económica, jurídica, o como en el caso de los adultos mayores, deben ser consideradas para un programa que eventualmente pudiera ser 'a fondo perdido'”, dice.

“Sin menospreciar el peso de la tragedia que están viviendo las clases medias y medias altas, no vemos viable la posibilidad de que con dinero público se construyan esquemas que involucren casas de hasta 15 millones de pesos, como las que se cayeron en Coapa, o departamentos de 8 millones de pesos que salen de los rangos”, agrega el perredista.

En la ciudad, el sismo del pasado 19 de septiembre dejó un saldo de 228 personas muertas y 38 edificios derrumbados, algunos de los cuales se encontraban en zonas de alta plusvalía como las colonias Roma, Condesa y Del Valle. Alrededor de estos inmuebles colapsados, cientos más quedaron catalogados como inhabitables y ya fueron desalojados.

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"Aún falta información"

Dentro de este contexto, diputados locales como Margarita Martínez Fisher, del PAN, señalan que la ALDF hasta ahora no ha recibido datos suficientes para empezar a tomar decisiones.

“Lo primero que nosotros hemos dicho, desde que regresamos a la Asamblea Legislativa después de la emergencia, es que para construir una política pública se necesita información”, dice la panista, quien preside la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

Para la legisladora, llegar a acuerdos sobre puntos como el esquema para financiar la construcción de casas requiere que las bancadas sepan con certeza cuántas son las personas afectadas, en qué grado y cuál es su perfil socioeconómico, entre otros rubros.

Hasta que no se cuente con esa información detallada —dice Martínez Fisher—, una alternativa para que la ALDF y el gobierno capitalino avancen en el proceso de reconstrucción es no aprobar la totalidad de la ley, sino reformas más pequeñas en temas en las que los grupos parlamentarios están de acuerdo.

Algunos de estos puntos en los que ya hay coincidencias son los cambios normativos para agilizar que los afectados tramiten permisos de construcción, así como los relativos a que se les exente de pagar para obtener documentos.

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