La Ley de Seguridad Interior llega al Senado y divide a la oposición

Apenas días después de que la aprobó la Cámara de Diputados , el Senado inicia esta semana la discusión de la polémica Ley de Seguridad Interior, una norma que el gobierno federal y el bloque PRI-PVEM consideran prioritaria y que divide a los grupos parlamentarios de oposición.

El documento busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia, a través de medidas como establecer que el presidente podrá emitir una declaratoria que justifique la intervención de militares en una localidad.

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Para la administración de Enrique Peña Nieto, la ley es necesaria para dar certeza legal a los soldados y marinos que participan en labores de seguridad pública, a las que se les encomendó a finales de 2006 por órdenes del entonces presidente, Felipe Calderón (2006-2012).

En cambio, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles y algunos políticos consideran que esta legislación únicamente normalizaría la presencia militar en las calles, daría pie a que las autoridades civiles sigan sin fortalecer a las policías y fomentaría los abusos contra ciudadanos.

Dentro del Senado —donde la minuta fue turnada a cuatro comisiones para que sea analizada—, las bancadas del PRI y del PVEM insisten en que el documento debe ser avalado lo antes posible, mientras que el bloque PT-Morena y el PRD están en contra y el grupo parlamentario del PAN hasta ahora se encuentra dividido.

“No podría votar a favor de esto que manda la Cámara de Diputados. Puedo dar infinidad de datos, de elementos para rechazarla, pero de manera general, en primer lugar, es violatoria de la Constitución porque las tareas de seguridad pública corresponden a las policías y no son facultad del Ejército y la Marina”, dijo a Expansión la senadora Dolores Padierna, integrante de la bancada PT-Morena y secretaria de la Comisión de Gobernación, una de las que realizarán el análisis.

El coordinador parlamentario del PRD, Luis Sánchez, coincidió en que la ley es inconstitucional y negativa para el país, aunque reconoció que los grupos de oposición no están tan unidos como para evitar que el tema avance.

Lo anterior se debe a que el grupo PT-Morena y el PRD suman apenas 25 votos, mientras que en la bancada del PAN —cuyo peso sería indispensable para detener la minuta— algunos de sus legisladores ya se pronunciaron a favor de la norma y otros todavía no toman una postura.

“Esos que se dicen ‘rebeldes’ (del PAN) puede ser que le den la mayoría al PRI y al Verde para aprobar esta ley (…) No sé cómo van a ir (los panistas), pero nosotros vamos a dar la defensa”, dijo el senador Sánchez, en alusión a los cinco panistas contrarios a su coordinador, Fernando Herrera, y al dirigente de Acción Nacional, Ricardo Anaya.

Estos legisladores son Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega, todos ellos cercanos al expresidente Felipe Calderón.

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El factor PAN

La semana pasada, un día después de que la ley se aprobó en la Cámara de Diputados, Roberto Gil dijo al diario Milenio que la norma es benéfica porque, al regular en qué casos los militares podrán intervenir en una localidad, obligará a los gobernadores a justificar por qué quieren al Ejército o a la Marina en sus estados, así como a cubrir los costos que esa presencia significa.

“Lo que ha pasado en este país es que muchos gobiernos locales se han tirado en la hamaca esperando a que (el problema de la inseguridad) lo resuelva o el orden de gobierno mayor o las Fuerzas Armadas. Eso se tiene que acabar y para eso es la Ley de Seguridad Interior, ya no van a poder recurrir al pretexto de ‘mándenme militares porque no tengo policías’”, señaló.

En tanto, el senador panista Héctor Larios, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta, dijo a Radio Fórmula este lunes que la bancada blanquiazul decidirá cómo votar en este asunto luego de una discusión interna.

Si persiste la división dentro de Acción Nacional, el bloque PRI-PVEM tendrá vía libre para lograr que se apruebe la ley y que ésta sea enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación, incluso esta misma semana.

Llamados y advertencias

A lo largo del año, en varias ocasiones el mandatario ha llamado al Congreso a acelerar la aprobación de la norma , que en los últimos días ha generado inquietudes entre organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”, señaló el organismo en un comunicado difundido este lunes.

De cara al inicio de la discusión, los senadores abiertamente contrarios a la legislación analizan qué medidas tomar, por ejemplo, promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o llamar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que presente este mismo recurso.

Mientras tanto, agrupaciones y ciudadanos organizados a través del hashtag #SeguridadSinGuerra exigen a los senadores detener el documento, y llaman a manifestarse desde este martes en la sede de la Cámara alta.