La Suprema Corte tendrá 'la última palabra' en la Ley de Seguridad Interior
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) el futuro de la Ley de Seguridad Interior, una polémica norma que busca regular la actuación del Ejército y la Marina en tareas de combate a la delincuencia.
Durante la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario informó que, una vez que el Congreso de la Unión aprobó el ordenamiento la semana pasada, él promulgará el documento la tarde de este jueves. Entonces, será el máximo tribunal del país el que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Peña Nieto detalló que, debido a que se trata de un asunto "especialmente sensible", el futuro de la polémica ley dependerá del análisis de la SCJN.
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"No emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad (...) La Suprema Corte será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva", dijo Peña Nieto.
De acuerdo con el marco jurídico de México -detalló el mandatario-, la Suprema Corte solo puede pronunciarse sobre una ley cuando ya fue promulgada, por lo que aseguró que es “bienvenido” el análisis constitucional sobre la ley, que es “especialmente sensible para la vida pública del país”.
La tarde de este jueves quedó promulgada el decreto por el que se expide la ley en el Diario Oficial de la Federación.
Peña Nieto aseguró que no se ejercerá la Ley de Seguridad Interior hasta conocer el veredicto final del máximo tribunal de justicia, aunque eso no significa que dejará de haber intervención de la federación en materia de seguridad.
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El mandatario aprovechó, también, para promover su iniciativa sobre la creación de un mando único policiaco por cada entidad federativa, una propuesta que ha dividido opiniones en el ámbito político y social del país.
“(Esta ley) nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto: si debemos seguir con más de 1,800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión, hace más de tres años, 32 policías estatales, profesionales, confiables y eficaces”, dijo Peña Nieto.
La Ley de Seguridad Interior incluye puntos como los requisitos que deberá cumplir una autoridad local para solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Según el gobierno federal, esto dará certeza a la actuación de los militares que están en las calles. Sin embargo, los opositores a la norma argumentan que esas reglas llevarán a que soldados y marinos permanezcan indefinidamente haciendo labores que corresponden a las policías.
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Tras la aprobación de la ley, organismos nacionales e internacionales, así como organizaciones civiles y ciudadanos, pidieron al presidente vetar la norma y regresarla a los legisladores para que fuera analizada más a fondo.
Ahora, una vez que la legislación sea promulgada por el Ejecutivo, instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras del Congreso podrán impugnarla ante la SCJN mediante una acción de inconstitucionalidad.