OPINIÓN: El Paquete Económico 2017, el síntoma de agotamiento de un modelo
Nota del editor: Marcelo Delajara es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.
(Expansión) — La política fiscal del gobierno federal mexicano está emitiendo señales alarmantes de agotamiento. Ya no solo es muy limitada como herramienta para redistribuir e igualar las oportunidades de ascenso social, o como factor dinamizador del crecimiento económico de largo plazo de la economía, sino que ahora tampoco parece cumplir del todo con el objetivo de ser garantía de estabilidad macroeconómica, en el sentido de generar las condiciones necesarias para la política monetaria autónoma del banco central.
La propuesta de presupuesto del gobierno federal para 2017 muestra claramente el espacio limitado que tiene el Estado para operar en los ámbitos señalados. Los pasivos de mediano y largo plazos presentan un crecimiento vigoroso, con las pensiones y el costo financiero de la deuda consolidada del Estado que crece por encima del PIB. Ello en un contexto en el que la inversión en capital físico y humano para sostener el crecimiento económico se ha reducido de manera significativa. Así, la tendencia es que el gasto no programable cada vez gana mayor peso en el gasto público en detrimento del programable.
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En particular, el sostenimiento del gasto en desarrollo social se mantiene, pero a costa de reducciones en el gasto en desarrollo económico, con efectos difíciles de prever dado el impacto cruzado entre ambos. Si se compara con las estimaciones a enero de 2016 del gasto para el presente año, en 2017 los programas dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes, grupos vulnerables y mujeres recibirían un ligero incremento nominal en su financiamiento (que en términos reales representa un incremento promedio de un 0.6%). Por su parte, los programas destinados a mejorar la convivencia social, a combatir el cambio climático y a promover la ciencia, el cambio tecnológico, la innovación, y el desarrollo rural sostenible—lo que incluye a los destinados a las comunidades y pueblos indígenas—se los recortaría incluso en términos nominales (y por lo tanto en términos reales, un 11.3% en promedio aproximadamente).
En otras palabras, en relación con el gasto público, el estado es de emergencia: los programas sociales se mantienen, pero no necesariamente hay inversión que permita reducirlos en el futuro. Y, como se mencionó, el gasto en pensiones contributivas y el costo financiero de la deuda del Estado muestran una deriva importante. Todo ello pone a este presupuesto, y a los que siguen, en una trayectoria cada vez más dependiente de este tipo de gasto contingente en detrimento del gasto en inversión pública.
nullCon esto se dirá que al menos se pone a la deuda del Estado en una trayectoria ligeramente descendente. En los Criterios Generales de Política Económica 2017 se estima que ésta sería de 50.2% del PIB en 2017 y que bajaría con el tiempo hasta llegar a 47.7% del PIB en 2022. Sin embargo, nótese que esta proyección se realiza con base en pronósticos que contemplan un crecimiento promedio del PIB de 2.5% en 2017 y que se aceleraría hasta alcanzar 4.5% hacia 2022. Nada en el pasado reciente o en el futuro próximo permite suponer que el crecimiento económico de México se va a acelerar por encima del 2.5% que presentó en los últimos 25 años, periodo de grandes reformas estructurales. En particular, no podrá lograrse cuando la inversión pública en infraestructura, ciencia e innovación, educación, salud y protección social está severamente limitada, tanto en cantidad como en calidad; mientras el objetivo para la reducción de la informalidad sea de 2 puntos porcentuales por año; y, no menos importante, continúe el grave deterioro del Estado de Derecho y de la seguridad pública.
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Bien se sabe que la Hacienda Pública mexicana necesita una reforma integral, que se realice de manera conjunta tanto en el ámbito de los ingresos como del gasto. Ésta ha de llevar, de manera decidida, a una reducción drástica y rápida de la informalidad, al establecimiento de un sistema de protección social contributivo universal, y a la eliminación progresiva de la dependencia de los ingresos petroleros. Sin esta reforma integral, será difícil que se liberen recursos para lograr un mejor desempeño económico con menor desigualdad. La esperanza es que en los dos años que quedan de la actual administración federal, se sienten bases firmes sobre las que el próximo gobierno pueda concretar dicha transformación.
