OPINIÓN: Universidades, santuarios para proteger a los indocumentados en EU

Las universidades públicas en EU tienen la oportunidad de ratificar su compromiso con los principios de inclusión y diversidad que han repetido incesantemente a raíz de la elección de Donald Trump.
Límites  Algunas universidades en EU han consentido leyes que han negado becas a estudiantes indocumentados, a la vez que han obligado a éstos a pagar colegiaturas más altas.  (Foto: Getty Images)
Por: RICARDO ANDRÉS GUZMÁN

Nota del editor: Ricardo Andrés Guzmán es profesor de estudios latinos y latinoamericanos en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Indiana. Investiga temas de inmigración y teoría política. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(Expansión) — Desde la elección de Donald J. Trump, varios grupos demográficos residiendo en los Estados Unidos se han preocupado por las implicaciones inmediatas que tendrán las políticas de la nueva administración. Si el nuevo presidente intenta cumplir con la serie de promesas que hizo durante la campaña electoral, entre ellas la deportación masiva de millones de personas indocumentadas, muchos tienen razones por las que temer.

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Como respuesta a esta incertidumbre, estudiantes y organizaciones de apoyo en todo el país se han unido para demandar que sus universidades se declaren santuarios para la protección de personas indocumentadas. Entre otras medidas, las universidades pueden comprometerse a prohibir la presencia de agentes de inmigración en los campus, pueden rehusarse a compartir información sobre el estatus migratorio de estudiantes y empleados, pueden prohibir que la policía universitaria cuestione a estudiantes y a empleados sobre su estatus migratorio y pueden designar ciertos espacios—como iglesias, sinagogas o mezquitas—como lugares de refugio dentro de la universidad. Hasta ahora, Wesleyan University, Reed College y Portland State University se han declarado santuarios.

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Sin embargo, es importante recordar que la lucha en contra de la deportación y a favor de los derechos de inmigrantes indocumentados no es nueva. A pesar de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para dar un mínimo grado de protección a jóvenes indocumentados, y su fallido intento de hacer algo similar para los padres de los mismos, Obama también ha sido responsable por la expansión de la cantidad de deportaciones en los últimos ocho años.

Alrededor de dos millones y medio de personas han sido deportadas durante su mandato, un mayor número que bajo cualquier otro presidente. Aún más significativo es el hecho de que Obama también ha sido clave en el desarrollo de una infraestructura legal, administrativa y policial de la cual ahora se puede servir Trump para llevar a cabo su declarado plan. Tampoco era claro que la política migratoria de Hillary Clinton hubiera sido muy diferente a la de Obama. El movimiento en apoyo de los santuarios universitarios proviene de una trayectoria socio-política que abarca desde la movilización para la protección de refugiados centroamericanos en los años 80, a las protestas en contra de la criminalización de la inmigración en el 2006, hasta el actual activismo de los DREAMers.

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La importancia de la serie de acciones a favor de los santuarios universitarios es que promete revitalizar el movimiento pro-inmigrante, a la vez que puede servir para crear una convergencia con otros movimientos en desarrollo como Black Lives Matter y No DAPL (movimiento que se opone a la construcción de un oleoducto en Dakota), así como con movimientos ambientalistas, LGBT y en contra de la islamofobia.

El mayor impedimento para que las universidades públicas se declaren santuarios es la amenaza de recortes a sus presupuestos. Este es un punto de particular contención dado el clima de austeridad bajo el cual se encuentra la educación pública en general. Sin embargo, dado el mismo hecho de que la educación pública ya es sometida a políticas de austeridad —y el hecho adicional de que la nueva administración promete intensificar este tipo de medidas— se debería tomar esta oportunidad para denunciar estas políticas y formar una base de apoyo más amplia en defensa de la educación pública.

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Hasta ahora, este chantaje fiscal ha hecho que las universidades consientan a previas leyes que han negado becas a estudiantes indocumentados, a la vez que han obligado a éstos a pagar colegiaturas más altas por considerarlos como estudiantes no residentes del estado en el que, de hecho, radican. Esto ha causado que muchos jóvenes sean negados acceso a una educación universitaria de calidad.

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Por lo tanto, al declararse santuarios universitarios y unirse a la lucha para la protección de personas puestas en riesgo por las políticas de la nueva administración, las universidades públicas pueden afirmar que la educación debe ser un derecho para todos, sin importar su religión, raza, sexualidad, o estatus migratorio. De este modo las universidades también pueden ratificar su compromiso con los principios de inclusión y diversidad que han repetido incesantemente a raíz de la elección de Trump.

Es hora de demostrar que estos principios no son parte de una retórica vacía.

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