OPINIÓN: México requiere detonar su infraestructura en 2017-2018

Nota del editor: Isaac Pérez es presidente del IMEF Grupo Morelos. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

(Expansión) — En el estudio, Financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe: ¿Cómo, cuánto y quién? publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, se indica que para la calificadora Standard & Poor’s, incrementar en México el gasto en infraestructura en un 1% del PIB, aumentaría el tamaño de la economía en 1.3% a partir de los tres años.

La investigación también refiere que nuestro país invierte en la materia 1.5% del PIB, casi la mitad del 2.8% del promedio de América Latina, registrando así el nivel más bajo de inversión entre 16 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay).

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Con estos datos, y convencidos de que la infraestructura es vital para el crecimiento y el desarrollo económico de toda nación, en el IMEF se analiza desde hace nueve años el tema de la infraestructura, donde se ha reiterado durante este tiempo, que los problemas permanentes son la falta de planeación y de los proyectos ejecutivos, los cuales generalmente representan el 4% de la inversión total y que comprenden el conjunto de planos, documentos y especificaciones que indican todas las características a la que estará sujeta la obra programada y mediante los cuales, se pueden garantizar la correcta ejecución de las acciones, partidas y conceptos presupuestados.

Una vez identificado lo anterior como problema principal, es importante plantear qué puede hacerse en la materia durante los 18 meses que le restan a la actual administración federal, considerando un contexto al día de hoy de falta de recursos públicos, débil crecimiento interno y una incierta situación económica, comercial y política con Estados Unidos.

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Lo primero es definir –con la ayuda de la sociedad, representada por asociaciones, cámaras, institutos, colegios y otras instituciones- las prioridades en cada uno de los sectores de la infraestructura con una visión de por lo menos 20 años hacia adelante.

Otra acción que puede ejecutarse es agilizar los proyectos de inversión privada que están detenidos por razones legales o burocráticas y que podrían concretarse en este mismo periodo.

Respecto a la planeación en infraestructura, es pertinente fortalecer la red de transporte (terrestre, marítima y aérea) para colocar en otros países y mercados, los productos que hoy vendemos a EU.

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Es momento también de fortalecer la infraestructura social y de turismo, aprovechando la ya existente y facilitando la creación de la nueva. Por supuesto, hacer lo necesario para incrementar el empleo y el mercado interno.

Por otra parte, es necesario desarrollar actividades que no requieran concesiones, inversiones o excesiva tramitología gubernamental para que sean desarrolladas directamente por empresas privadas.

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Sin duda alguna, la planeación de la infraestructura debe estar alineada a la política económica del país y con base es pertinente seleccionar aquellos proyectos urgentes y necesarios, plasmados en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, incluido en Ley con el fin de concretarlos mediante la pronta liberación del derecho de vía.

Otro aspecto a considerar antes de que termine el sexenio es el desarrollo de infraestructura regional y metropolitana, vinculada con la planeación nacional, que generalmente están separadas.

Por otra parte, hay que hacer énfasis en definir en cada uno de los sectores de infraestructura (carreteras y ferrocarriles, puertos y aeropuertos, transporte masivo, agua, energía, etc.), los apoyos legales, financieros, gubernamentales y técnicos para llevarlos a cabo con prontitud o mediante modificaciones o adiciones a la legislación vigente para facilitar su ejecución y reactivar o destrabar los proyectos desaprovechados o detenidos.

De igual forma, se exhorta a considerar proyectos bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) que permitan usar y optimizar el uso de la infraestructura disponible, así como aquellos que no requieran de inversión pública y evaluar los proyectos o propuestas no solicitadas que se han presentado.

Lo antes mencionado son acciones que podrían llevarse a cabo antes de que finalice el sexenio y son resultado de casi una década de análisis entre especialistas, quienes han expuesto diversas alternativas en pro de la infraestructura nacional, lo cual permitirá un mejor desarrollo y por ende, combatir el inercial bajo crecimiento económico del país.

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