Nueva ley, al rescate de las cárceles ‘presas’ de la sobrepoblación

El desbordado del sistema penitenciario mexicano es otro de los problemas que esperan solución con la legislación secundaria de la reforma penal.

A menos de dos meses de que entre en vigor —cuya implementación ha tomado ocho años—, el Senado aprobó este miércoles la Ley de Ejecución de Sanciones, que pretende combatir problemas como la grave saturación en las cárceles mexicanas.

La nueva legislación, parte de la modificación constitucional de 2008 que entre otras cosas prevé la transformación de los juicios a procesos orales, busca prevenir crisis como la del penal de Topo Chico, en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. La disputa entre grupos antagónicos de reos, que dejó 49 personas muertas y que representa el episodio más sangriento en la historia moderna de los penales mexicanos.

Uno de los problemas que detonan la violencia en los centros de reclusión es la sobrepoblación, que a nivel nacional alcanza un promedio de 18%, según datos de 2015 del gobierno federal; el de Topo Chico, según esta fuente, ascendía a 7.6%. No obstante, una recomendación de 2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elevaba la cifra de sobrepoblación a 29.86% -21% para el de Topo Chico-, con niveles críticos en algunas cárceles de hasta 200%.

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“Las condiciones de sobrepoblación ocasionan que en celdas diseñadas para albergar a seis internos, duerman hasta 40 personas”, advirtió entonces el organismo defensor, y señaló que esto provoca problemas de gobernabilidad, pone en riesgo la integridad de los internos y propicias tratos inhumanos, entre otros problemas.

En el penal de Monterrey, “algunos reclusos emplean a otros para su servicio personal”, alertó entonces la CNDH, que encontró otras situaciones de control de los reclusos sobre la autoridad, como permitir a los internos funciones como manejo de llaves o explotación sexual. De cinco categorías de autogobierno, algunos penales dieron positivo en todas.

El Estado mexicano, consciente de esta problemática, planteó como parte de la reforma penal en marcha reorganizar el sistema de cárceles con una nueva Ley de Ejecución de Sanciones, que quedó aprobada este miércoles en el Senado, tras ser trabajada por grupos de legisladores, representantes del gobierno, la CNDH y expertos.

“El tema de la sobrepoblación es el principal que tenemos en el sistema penitenciario, el autogobierno muchas veces se da no sólo por la corrupción de la autoridad sino también por esta sobrepoblación que hace casi imposible para los custodios y los directores de los penales tomar el control”, dijo a Expansión el senador Fernando Yunes (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, quien reconoce que el caso Topo Chico es emblemático de “lo podrido que está el sistema penitenciario”.

Aunado al hacinamiento y la corrupción de autoridades, las cárceles mexicanas funcionan con otros defectos que el nuevo sistema penal —que entrará plenamente en funciones en junio— pretende remediar, como el mezclar a presuntos culpables en proceso (aún sin condena) con delincuentes ya sentenciados por delitos de alto impacto del fuero común y federal, falta de inversión en infraestructura carcelaria y custodios mal pagados y mal capacitados, de acuerdo con expertos.

“Los problemas judiciales no se pueden ver aislados, sino hacen parte de todo un sistema que tiene y una serie de debilidades”, comentó en entrevista el director de la organización Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

Una versión de este artículo se publicó en la edición 1186 (15 de marzo) de la Revista Expansión.