El veto presidencial: una posibilidad para afinar las leyes anticorrupción

La Constitución establece la facultad del titular del Ejecutivo para desechar de manera parcial o total un decreto, lo que podría dar solución a la inconformidad tras la aprobación de la #Ley3de3.
Facultad presidencial  El artículo 72 de la Constitución establece la facultad del Ejecutivo de desechar un proyecto de ley de manera parcial o total.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Ante las inquietudes manifestadas por empresarios y organizaciones de la sociedad civil sobre algunos aspectos de las recientemente aprobadas leyes anticorrupción, una de las opciones que se han puesto sobre la mesa es la del veto presidencial.

Luego de que el Congreso de la Unión aprobó el paquete que regula la reforma constitucional en la materia, donde se incluyó la controversial #Ley3de3, una vía para encontrar solución a estas diferencias es que el titular del Ejecutivo regrese el decreto al Legislativo, con observaciones.

Organizaciones sociales que impulsaron dicha legislación para que servidores públicos hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, de posibles conflictos de intereses y fiscal ―como medida para monitorear sus actividades y evitar casos de enriquecimiento ilícito―, consideran que la Ley General de Responsabilidades Administrativas que resultó aprobada no es suficientemente clara respecto a los rubros que deben hacerse públicos.

El sector privado, en tanto, se opone a que se haya incluido como sujetos obligados de presentar su #3de3 a cualquier particular que reciba o ejerza recursos públicos, con lo cual los contratistas del gobierno deberían hacer públicos los bienes que poseen y sus nexos personales. Incluso, existe preocupación en torno a si becarios, pensionados y beneficiarios de programas sociales también entrarían en esta situación.

Líderes empresariales manifestaron preocupaciones sobre la constitucionalidad de algunos artículos del paquete, y lo hicieron de viva voz al presidente Enrique Peña Nieto, durante una reunión que sostuvieron durante la noche de este martes en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde la opción del veto fue puesta sobre la mesa del mandatario federal.

El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dijo este miércoles que el mandatario cuenta con un plazo de 30 días para analizar los decretos que le envía el Congreso para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ―último paso previo a su entrada en vigor―, el cual ―en el caso de las leyes anticorrupción― vence a finales de julio.

¿Qué es el veto?

Este recurso consiste en la facultad que tienen los jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso le envía para su promulgación, con lo cual participa en una función que corresponde al Poder Legislativo como un acto de contrapeso del presidente, de acuerdo con el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios.

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Aunque no está estipulado tal cual como un "veto", el Artículo 72 constitucional en su fracción C plantea como una posibilidad que el Ejecutivo pueda desechar un proyecto de ley o decreto que ya haya sido aprobado por el Congreso.

“El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación”, dice la citada fracción.

El veto presidencial más reciente ocurrió en 2012, cuando el entonces presidente Felipe Calderón realizó observaciones a la Ley General de Víctimas. En su sexenio, el panista devolvió un total de nueve iniciativas con observaciones, de acuerdo con un artículo de Leticia Bonifaz, directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en El Universal.

Aunque estaba previsto que esta semana se celebrara la promulgación del paquete de leyes anticorrupción, el evento fue cancelado, de acuerdo con una invitación de la Secretaría de la Función Pública que difundió en Twitter la senadora Martha Tagle.


El veto es la última oportunidad de modificar la legislación antes de su promulgación. En caso contrario, cualquier cambio deberá pasar por una acción de inconstitucionalidad, o por una nueva reforma a la ley aprobada el pasado el 16 de junio en periodo extraordinario de sesiones.

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