Roberto Borge, con disposición para modificar ‘blindaje’: PGR
El gobernador saliente de Quintana Roo, Roberto Borge, comunicó a la procuradora general de la República, Arely Gómez, su intención de derogar las normas anticorrupción aprobadas en su entidad.
Lo anterior, luego de que la PGR promoviera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de dicho gobierno y los de Chihuahua y Veracruz por las leyes aprobadas materia de combate a la corrupción.
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“(El gobernador Borge) está en disposición de proceder a la abrogación o derogación en su caso, de los actos o normas generales que han motivado dicha acción de inconstitucionalidad”, informó la PGR en un comunicado.
El motivo de la acción iniciada por la PGR es debido a que consideró que las disposiciones aprobadas en las entidades son violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, creado a partir de la reforma constitucional de 2015 y reguladas por las leyes secundarias recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión.
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En junio, los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua —donde la oposición ganó el gobierno estatal en las elecciones de junio pasado, y los candidatos plantearon investigar posibles actos de corrupción— fue modificada la estructura de la administración y se impulsaron nombramientos de último momento, lo que fue considerado como una maniobra de los gobernantes para ‘blindarse’ de posibles investigaciones por manejo indebido de recursos públicos y otras prácticas deshonestas.
Los tres gobernadores salientes en dichas entidades –Javier Duarte, Borge y César Duarte Jáquez– han sido señalados como responsables de los endeudamientos en sus estados, además de incurrir en presuntos actos de desvío y despojo de propiedades.
En la reunión realizada este jueves entre Borge y Gómez participaron también los subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, Salvador Sandoval Silva; de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal; así como el consejero jurídico del gobierno de Quintana Roo, Raúl Labastida Mendoza.
