5 acusaciones que el gobierno de Javier Corral hace a César Duarte
Nota del editor: Esta nota fue publicada originalmente el pasado 7 de noviembre y se actualizó este martes 28 de marzo debido a la orden de aprehensión girada contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que este día que un juez emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario César Duarte –hoy prófugo de la justicia– por el delito de peculado.
En conferencia de prensa, Corral explicó que el exgobernador huyó a El Paso, Texas, para evitar enfrentar los cargos en su contra, pero que será solicitado al gobierno de Estados Unidos para que sea detenido.
En ese contexto, el ejecutivo estatal señaló que el mayor reto que ha enfrentado su gobierno ha sido no defraudar a los ciudadanos por "el saqueo sistématico" de la pasada administración, por lo que anunció que en medio de la operación Justicia para Chihuahua, la fiscalía general del estado logró también la detención de tres exfuncionarios de la administración de Duarte, acusados de peculado.
Los detenidos son Javier Garfio, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas y exalcalde de Chihuahua; Gerardo Villegas , exdirector de la Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, y Ricardo Yáñez, quien fue director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi).
El gobierno de Chihuahua, que el panista Javier Corral encabeza desde el 4 de octubre, informó que ha detectado al menos cinco modus operandi con los que el anterior mandatario, César Duarte, supuestamente desvió recursos públicos en detrimento de la entidad.
Los avances de la investigación contra Duarte fueron dados a conocer por el jefe de gabinete de Corral, Gustavo Madero, quien declinó detallar los nombres de los implicados bajo el argumento de que esto entorpecería las indagatorias. En tanto, Duarte ha rechazado haber cometido irregularidades cuando era gobernador.
Durante su campaña electoral, Corral reiteradamente acusó a Duarte de ser responsable del mal rumbo de las finanzas del estado, cuya deuda supera los 42,000 millones de pesos. Sobre este punto, la nueva administración ha dicho que está negociando con el gobierno federal para obtener los recursos que necesite para cubrir compromisos con proveedores.
Adjudicaciones directas
Madero expuso que, tan sólo en 2015, 60% del dinero destinado para obra pública se gastó en adjudicaciones directas, a pesar de que la legislación local establece que este mecanismo debe ser la última opción de las autoridades, que deben buscar al proveedor que ofrezca las mejores condiciones para la entidad.
“La Constitución obliga a que la mayoría de las contrataciones se hagan por licitación y aquí se burlaron. Se partían en pedacitos y hacían adjudicaciones directas en tres o más montos para poder burlar la ley", dijo Madero este lunes en entrevista con Radio Fórmula.
Empresas fantasma
Las actuales autoridades de Chihuahua también acusan a Duarte de adjudicar servicios a empresas inexistentes, como el ahora expriista Javier Duarte lo hizo en Veracruz, según han reportado medios de comunicación y concluido investigaciones federales.
“En una dependencia son más de 500 millones de pesos de operaciones por la vía de servicios de empresas fantasma, unos no se entregaban y otras se creaban nada más para adjudicárselas al amigo, al sobrino, al pariente”, dijo Madero.
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Venta de bienes
Otra práctica atribuida a la administración de Duarte es la venta de bienes públicos a precios mucho menores que los reales, lo que representa un fuerte daño patrimonial para Chihuahua.
Diezmos para el PRI
Además, según las indagatorias, el gobierno de Duarte descontó un porcentaje de su sueldo a empleados estatales, con el fin de entregarlo a la dirigencia del PRI chihuahuese.
“Durante seis años, a todos los jefes de departamento para arriba se les quitaba entre el 5 y el 10% de sus compensaciones (...) la Secretaría de Hacienda les retenía este dinero y se lo daba al PRI”, dijo Madero.
Aviadores
Madero también refirió que, en la anterior administración, había personas que cobraban un sueldo sin realizar alguna labor, y que muchas de ellas renunciaron antes del cambio de gobierno.
“En cuanto se conoció el resultado electoral, más de 500 personas, que presumimos eran aviadores u operadores, presentaron su renuncia y justamente entre junio y septiembre se dieron de baja”, dijo.
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