Por supuestos desvíos y adeudos, las denuncias que rodean a Javier Duarte
Nota del editor: Esta nota fue publicada en octubre de 2016, y actualizada tras la detención del exgobernador Javier Duarte.
Javier Duarte, detenido este sábado en Guatemala, solicitó licencia el pasado 12 de octubre al cargo de gobernador de Veracruz, a mes y medio de terminar su administración. Aseguró que era para enfrentar las acusaciones en su contra, sin embargo, hasta ahora su paradero es desconocido por las autoridades que ya cuentan con una orden de aprehensión en su contra otorgada por un juez a la PGR.
La salida de Duarte del estado se dio en medio de una crisis de inseguridad en el estado, señalamientos por presuntos casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y denuncias por la presunta existencia de empresas fantasma para desviar recursos, así como por el mal manejo de dinero de procedencia federal.
Las acusaciones también rodean a su círculo cercano. La PGR ya ha aprehendido a dos mujeres implicadas , quienes están acusadas de operaciones con recursos de procedencia Ilícita y delincuencia organizada; ambas fueron vinculadas a proceso al igual que otras seis personas.
Su administración enfrenta al menos 52 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la PGR, derivadas de la revisión de las cuentas públicas del sexenio hasta 2014.
Otras demandas dirigidas directamente contra Duarte fueron la que presentó el entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares —quien desde la campaña prometió que lo llevaría a la cárcel — en la Fiscalía General del Estado y también ante la PGR, por presunto desvío de recursos para comprar bienes en el extranjero.
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También existen otras demandas presentadas por la Universidad Veracruzana (UV), por la falta de entrega de recursos destinados a dicha institución, y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por una presunta red de empresas fantasma a través de las cuales se habrían desviado recursos.
El 26 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI acordó la suspensión de derechos de militante a Duarte, y seis de sus colaboradores , dada la gravedad de las acusaciones y la afectación a la imagen del partido.
Estas son las demandas que enfrenta el político, quien fue expulsado de las filas del PRI el 25 de octubre.
Yunes y la promesa de cárcel
El gobernador Yunes presentó el pasado 5 de julio una denuncia contra Duarte ante la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR, por presunto desvío de recursos públicos para la compra de bienes en el país y en el extranjero, y otra en el SAT por presunta evasión fiscal por el caso de una red de "empresas fantasmas" a través de las cuales la administración estatal habría desviado recursos.
A raíz de esto, la PGR informó el 21 de julio que inició diligencias para indagar el patrimonio del círculo cercano de colaboradores y familiares de Duarte, quien a través de Twitter celebró la intervención de las autoridades para esclarecer el asunto.
No es la primera ocasión en que Yunes arremete por la vía penal contra Duarte. En el arranque de las pasadas campañas rumbo a la elección de gobernador, el entonces candidato de la alianza PAN-PRD interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el mandatario por presunto daño patrimonial a la entidad.
En campaña, Yunes insistió en que el monto de los bienes supuestamente adquiridos de manera ilegal por Duarte ascendía a 3,000 millones de pesos.
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52 denuncias por mal uso de recursos federales
La ASF ha presentado un total de 52 denuncias por irregularidades millonarias detectadas en las cuentas públicas de 2011 a 2014, según un informe publicado por la dependencia con fecha de corte al 30 de septiembre de 2016.
Quince casos corresponden al concepto de simulación de reintegros, es decir, que la administración estatal fingió la devolución de recursos públicos a las arcas federales, pero una vez obtenido el visto bueno de la ASF volvió a retirarlos.
El resto de las denuncias, presentadas entre febrero de 2012 y febrero de 2016, corresponden a auditorías realizadas entre los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
En junio pasado, Duarte aseguró a través de Twitter que las observaciones presentadas por la ASF hacia su gobierno habían sido solventadas.
El área de Comunicación de la ASF dijo a Expansión que los procesos seguían en curso, y que en caso de algún cambio o avance, éste será difundido a través de su página web, en el mismo reporte del que se desprende la información.
Cabe señalar que en febrero pasado, el Índice de Desempeño del Gasto Federalizado de la ASF ubicó a Veracruz en el último lugar en manejo de recursos públicos , por múltiples irregularidades detectadas en este rubro. La entidad obtuvo un puntaje de 52.6, mientras que el promedio de las 32 entidades es de 76.2.
Dos más de la Universidad Veracruzana
La falta de pagos por parte del gobierno estatal y la reducción del presupuesto a la UV llevaron a la institución de educación superior a presentar una denuncia penal y un amparo en contra de la Ley de Egresos del estado.
El pasado 5 de febrero, la rectora de la casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, informó de los recursos presentados por parte de su representante jurídico ante la Fiscalía General del Estado y la PGR.
“La primera (denuncia) fue presentada y está sellada su recepción el día 2 de febrero a las 17:35 horas, ante la coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos (…) por la no entrega de la cantidad de 1,625 millones de pesos en sus primeras diligencias”, anunció.
Esta demanda se debió a que, desde 2013, la universidad no había recibido de manera completa por parte del gobierno de la entidad el subsidio estatal y federal ordinario correspondiente.
“La segunda (denuncia) fue presentada ante el agente del Ministerio Público de la Federación por la no entrega de la cantidad de 451 millones de pesos (...) misma que ha sido ratificada y está en proceso de integración”, expuso la rectora.
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El mismo día, la Secretaría de Gobierno estatal reviró en un comunicado y acusó a la universidad del adeudo de aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado por 3,033 millones de pesos.
El gobierno estatal también señaló a la UV de no haber cumplido con su obligación fiscal del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, por un monto de 400.6 millones de pesos.
32 por red de empresas fantasma
El SAT informó el pasado 11 de julio que presentó 32 denuncias ante la PGR por el caso de una red de empresas "fantasma" para la compra de productos y bienes por 645 millones de pesos, que debían destinarse a la población vulnerable en Veracruz. Las operaciones fueron realizadas entre 2012 y 2014.
Las denuncias fueron interpuestas contra 31 empresas y una persona física. En el caso de servidores públicos estatales, el SAT inició revisiones a tres cuyos gastos no corresponden con sus ingresos.
En la revisión de la cuenta pública 2015 que realizó el Órgano Fiscalizador Superior (Orfis) al gobierno de Veracruz, se identificaron 55 nuevos contratos concedidos a empresas fantasma que se sumaron a los 73 que había develado anteriormente el portal de noticias Animal Político .
De acuerdo con el documento, que aún no ha sido publicado, la detección se dio tras una verificación por parte de auditores locales a 25 empresas contratistas del gobierno, lo que derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía de Veracruz por presuntos actos de corrupción.
