Fepade investiga a funcionarios federales por presuntos delitos electorales
Después de reconocer que el Estado de México está listo para celebrar las elecciones mexiquenses, las autoridades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reconocieron que son 89 carpetas de investigación abiertas desde que inició la jornada electoral en septiembre 2016. En ellas se incluyen quejas contra funcionarios federales, estatales, e incluso candidatos por presuntamente condicionar la entrega de programas sociales.
Autoridades de la Comisión de Seguridad Ciudadana (CES), además de la Policía Federal, la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Instituto Nacional Electoral y el órgano electoral local IEEM, anunciaron el despliegue de seguridad frente a la elección de gobernador que se llevará a cabo el 4 de junio.
Seguridad en la Jornada
Los organismos coincidieron en que vigilarán las elecciones con 3,000 policías federales, además de 16,000 estatales y alrededor de 3,000 elementos de la Marina y la Sedena, a través de las Bases de Operación Mixta. Del mismo modo, confiaron en que el apoyo de dichas instituciones no inhibirían la participación ciudadana, ya que tienen la instrucción de que vigilen las urnas de forma discreta y sólo aparezcan cuando exista alguna presunción de delito electoral.
Todos los elementos estarán repartidos en 4 zonas de cobertura amplia, además de 45 cédulas móviles, integradas por policía ministerial, además del apoyo de la Policía Federal Preventiva, las autoridades de gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General.
“Hay condiciones de seguridad para que se lleven a cabo las elecciones con tranquilidad. No se han detectado focos rojos, según la información con que cuenta la autoridad electoral”, refirió el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio.
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Tan solo el INE ha capacitado a 6,000 personas en distintos grupos, incluidos funcionarios de partidos electorales y ciudadanos, además de la repartición de 117,230 publicaciones a fin de garantizar la entrega de los 15,044 paquetes electorales, que hasta la tarde del jueves, superaban el 81.12%.
Aclararon que 49 horas antes de la elección, todo el personal deberá tener conformada su estructura de apoyo. En suma, deben estar listas las 11 fiscalías regionales, los 45 centros de justicia, las 77 agencias del Ministerio Público y los 46 módulos de denuncia rápida.
Los más denunciados
En un inicio, Álvaro Rodríguez de la Vega, director de Averiguaciones Previas de la Fepade reconoció que si bien han sido presentadas 235 quejas, sólo han sido integradas 89 de forma contundente, por considerar que es posible la existencia de un delito electoral.
“Se trata de quejas por el presunto condicionamiento de programas sociales federales, compra de voto y algunas otras que están vinculadas con trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE). Son seis meses los que tenemos para probar y comprobar que se cometió algún delito”, dijo Rodríguez de la Vega
Al referir que hay quejas contra candidatos, aclaró que no se puede dar a conocer quiénes son y bajo qué motivo son señalados. El funcionario destacó que el mayor número de denuncias provienen de Atizapán, Tlalnepantla y Ecatepec. Además negó que se haya realizado hasta el momento algún tipo de cateo.
De acuerdo a un documento presentado por la Fepade, en las carpetas de investigación destacan temas como la utilización de recursos y programas sociales en Huixquilucán y la entrega de beneficios sociales en diferentes municipios mexiquenses por parte de la asociación civil Central Campesina Independiente A.C.
Otra queja que destaca, es referente a la presunta empresa de un programa social personalizado a través del gobernador de Ecatepec, Eruviel Ávila y el Secretario de Salud mexiquense, César Nomar Gómez Monge, quienes habrían utilizado escenas de materiales videográficos pertenecientes al gobierno federal y el estatal, con fines de propaganda electoral.
También se investigan los presuntos descuentos que la candidata de Morena, Delfina Gómez realizaba en contra de sus compañeros de gestión. Del mismo modo, se suman irregularidades en la entrega de la ‘tarjeta rosa’ y ‘la efectiva’ y sustitución de funcionarios de casilla.
