México, ante el reto de blindar las #Elecciones2018 de actos de corrupción

A seis meses y medio de que México realice las elecciones más grandes de su historia —en las que estarán en juego la Presidencia de la República, ambas cámaras del Congreso, nueve gobiernos estatales y cientos de cargos más—, el país encara el desafío de lograr blindar estas contiendas de posibles actos de corrupción, coinciden diferentes especialistas en el combate a las prácticas deshonestas.

De cara a los comicios, los expertos advierten que en un contexto electoral pueden ocurrir irregularidades como el condicionamiento de programas sociales al apoyo a determinados candidatos, la compra de votos o, incluso, el ofrecimiento de futuros contratos de obra pública a cambio de que particulares respalden a un abanderado o partido.

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Este último escenario es el que siguen las investigaciones del caso Odebrecht, en el que directivos de la constructora brasileña admiten haber dado sobornos a funcionarios mexicanos para que la empresa resultara beneficiada con obras.

Integrantes de la compañía han declarado que dieron dinero a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y quien fue parte de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, lo que ha generado dudas sobre la posibilidad de que esos recursos llegaran hasta el equipo del priista en la elección de 2012. Odebrecht reconoce haber financiado candidatos en otras naciones de América Latina, pero tanto Lozoya como el gobierno federal niegan que esto haya ocurrido en México.

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Frente a casos como el anterior, especialistas como Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), subrayan que México necesita herramientas para cuidar los votos de los electores, y que su voluntad realmente se refleje en los resultados de una competencia.

"Uno de los asuntos fundamentales es el que se proteja la integridad del voto, y la integridad del voto se va a proteger en la medida que tengamos mejores mecanismos para bloquear los actos de corrupción que derivan incluso en delitos electorales", dijo Peschard a Expansión.

En esa línea, el CPC y el Instituto Nacional Electoral (INE) a principios de este mes firmaron una carta de intención para intercambiar información sobre el uso de recursos públicos en el contexto de las contiendas de 2018.

"(Con la misiva), el INE se compromete a aportar información relevante sobre las acciones institucionales desarrolladas para garantizar el uso debido de recursos públicos por parte de funcionarias y funcionarios, y proporcionar al Comité de Participación Ciudadana información significativa de sus conclusiones en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como de los procedimientos sancionadores cuya materia se encuentre relacionada con presuntas violaciones al uso debido de recursos públicos", señaló el INE en un comunicado.

Algunas de las tareas del instituto son fiscalizar los ingresos y gastos de todos los candidatos del país, emitir sanciones cuando lo considere necesario y reportar a la FIscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) cuando detecte irregularidades que correspondan al ámbito penal.

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"Hay muchos casos como Odebrecht"

A medida que avanza el proceso electoral hacia las votaciones del domingo 1 de julio, el sector privado también urge a fortalecer los mecanismos para evitar que los actos de corrupción contaminen los comicios.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), considera que el caso Odebrecht se ha convertido en un ejemplo de hasta dónde puede llegar el problema, aunque advierte que este esquema —el ofrecimiento de contratos públicos a cambio de apoyo para políticos— se reproduce cotidianamente.

"Es un caso que, por su magnitud, por su caso plurinacional y por su cuantía, ha sido emblemático de lo que no debe ocurrir, pero hay muchos casos como Odebrecht, pero en otra escala, que todos los días están ocurriendo en México. Desafortunadamente, la obra pública, las compras de gobierno son un lugar donde se han imbricado las prácticas de corrupción", dijo.

"Nuestro llamado es para meter una modificación a la ley de adquisiciones y la ley de obra pública, y que con políticas de integridad en las empresas este tipo de prácticas puedan ser erradicadas del país", agregó el líder empresarial, cuya organización ha promovido iniciativas para exigir que candidatos a puestos públicos asuman compromisos en anticorrupción y transparencia, o bien, campañas como Yo no doy mordida.

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El peso electoral de la corrupción

Por lo demás, la corrupción no sólo se perfila a 2018 como un problema que puede complicar los comicios, sino como uno de los temas que moverán el ánimo del electorado.

La encuestadora Parametría reveló recientemente que la corrupción de los líderes políticos es la principal preocupación entre los mexicanos. Un 84% de los ciudadanos pone el asunto incluso por encima de la inseguridad o el tráfico.

De acuerdo con el Coeficiente TAI, elaborado por Transparencia Mexicana e Impunidad Cero, ningún estado tiene actualmente buenas calificaciones en los rubros de transparencia, anticorrupción e impunidad, pero hay casos como el de Morelos — que está en el último lugar en el ranking y que tendrá elecciones el próximo año— que representan una oportunidad para que los votantes tomen en cuenta estos temas a la hora de decidir por quiénes votar.

En ese sentido, si los electores sienten que su estado empeoró en estas áreas, podrían no votar por el partido en el poder.

De acuerdo con analistas, este fue un factor que influyó para que en elecciones pasadas hubiera alternancia en varios estados, como en el caso de Veracruz, donde ganó una coalición PAN-PRD abanderada por Miguel Ángel Yunes Linares, que sacó del Poder Ejecutivo estatal al PRI. Durante la votación el gobernador todavía era Javier Duarte , quien actualmente se encuentra bajo un proceso penal por presuntos actos corruptos.

En la presentación del Coeficiente TAI, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, también puso como ejemplo a Sinaloa, estado que ocupa el segundo lugar de los peor calificados, después de Morelos, y señaló que precisamente esa situación pudo haber sido una de las razones por las que en 2016 hubo un nuevo cambio del partido en el gobierno. Ese año, el PRI recuperó la entidad con Quirino Ordaz, después de seis años de mandato de Mario López Valdez, quien en 2010 fue postulado por PAN y PRD.