Él es Héctor Díaz Santana, el nuevo 'cazador' de los delincuentes electorales

"Un paso en falso en la Fepade podría abonar a la crispación del ambiente político, un paso en firme debería fortalecer la confianza social y la legitimidad electoral".

Con esas palabras —pronunciadas el 5 de diciembre, durante su comparecencia en el Senado—, el abogado Héctor Díaz Santana resumió la importancia del más reciente relevo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cargo para el que la Cámara alta lo eligió este viernes.

Díaz Santana llega a la institución después de un largo y complicado proceso, que comenzó con la polémica destitución del anterior fiscal electoral, Santiago Nieto , a quien la Procuraduría General de la República (PGR) acusó de violar el Código de Conducta de la dependencia.

A esto siguió una serie de jaloneos entre los principales grupos parlamentarios —tras la cual el bloque encabezado por el PRI logró que incluso figuras ligadas a partidos políticos pudieran participaran en la selección —, el registro de 21 aspirantes y, finalmente, una votación de la que el jurista resultó ganador.

Díaz Santana asume el cargo con el gran reto de contribuir a que haya certidumbre jurídica para los ciudadanos en la elecciones de 2018, en las que se votarán más de 3,400 cargos, entre ellos la Presidencia de la República.

En la comparecencia que tuvo con senadores, el abogado especializado en justicia electoral fue cuestionado justamente acerca de los desafíos de la Fepade para el próximo año, del papel que la institución debe tomar y del caso Odebrecht, es decir, el expediente de sobornos que directivos de la constructora brasileña admiten haber dado a funcionarios mexicanos a cambio de millonarios contratos de obra pública.

Sin embargo, durante aquel encuentro en la Cámara alta, ese fue el único tema al que el nuevo fiscal electoral no contestó.

El caso Odebrecht fue precisamente el que derivó en la remoción de Nieto, debido a que éste dijo en entrevistas que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y exintegrante de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, lo había presionado para que lo deslindara públicamente de dicho expediente. Nieto —quien entones negó haber violado el Código de Conducta de la PGR, aunque finalmente desistió de impugnar su despido— había ingresado a la Fepade en 2015, seleccionado de un proceso en el que Díaz Santana quedó como finalista.

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Trayectoria

El nuevo fiscal electoral es abogado por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado estudios de posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, así como en Técnicas de Investigación Social en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de Argentina.

Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I, y ha sido profesor–investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En la administración pública, ingresó a la Fepade en 2004 como coordinador de asesores, durante la gestión de María de los Ángeles Fromow, y un año después se convirtió en director general de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo.

Retos

En su exposición ante los senadores, Díaz Santana señaló que los tres retos de la Fepade son actuar con total apego a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y desempeñarse con eficacia; responder a la ciudadanía de manera transparente, responsable y apegada a los cánones democráticos, y ser una institución que, con arrojo y temple, contribuya a mejorar las condiciones de los procesos electorales.

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También comentó que el próximo año la Fepade deberá pasar por un proceso de reestructuración, con la transición de la PGR a la Fiscalía General, pero sin descuidar las elecciones, que serán las más grandes en la historia de México.

El nuevo funcionario expuso además que se debe trabajar en la independencia y autonomía de la fiscalía electoral, pues hasta el momento depende de la PGR para recibir recursos materiales y económicos, y en sí misma no tiene más de 300 trabajadores para hacer investigaciones.

Agregó que las tres instituciones que componen el sistema electoral —el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral federal (TEPJF) y la Fepade— deberán pasar la prueba de las urnas en 2018.

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