¿Qué cambiará en el día a día laboral?
El gobierno propone incorporar la nueva jornada a la Constitución como un derecho garantizado para todos los trabajadores formales. La medida no contempla reducciones salariales ni recortes en prestaciones. También introduce un cambio histórico al prohibir por primera vez las horas extra para menores de edad.
La aplicación sería gradual. A partir del 1 de mayo de 2026 iniciará el periodo de transición. Luego, cada año, desde 2027 y hasta 2030, la jornada ordinaria disminuirá dos horas hasta llegar a las 40 semanales. La propuesta establece una secuencia que inicia con 46 horas en 2027, continúa con 44 en 2028, 42 en 2029 y culmina con 40 en 2030.
El documento incorpora un límite para evitar excedentes. Entre jornada ordinaria y extraordinaria no se podrá superar un tope de 12 horas en un solo día. En el caso de las horas extraordinarias, solo podrán sumarse de manera voluntaria y bajo un esquema que permite entre nueve y doce horas por semana. Además, la Ley Federal del Trabajo fijaría por primera vez un límite de cuatro horas triples, una figura laboral que antes no tenía regulación específica.
¿Qué sectores sentirán la transición con mayor fuerza?
La reducción de jornada alcanzará a 13.4 millones de trabajadores. Los sectores que agrupan a la mayor parte de quienes laboran bajo jornadas prolongadas son la industria manufacturera, el comercio minorista, los servicios de hospedaje y alimentos, el transporte y el comercio mayorista. Todos ellos enfrentarán ajustes operativos relevantes para reorganizar turnos y mantener niveles de productividad sin incrementar costos laborales.
En la industria maquiladora y manufacturera de exportación, se considera que el calendario de implementación es razonable. “Este esquema progresivo permitirá que las empresas adapten sus procesos operativos internos, se preserve la competitividad y mejore la vida de millones de trabajadores”, afirmó Index. También reconoció la apertura del gobierno y del secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, durante las mesas técnicas. Su lectura es que la gradualidad ofrece un margen suficiente para reacomodar líneas de producción que dependen de secuencias estables.
No obstante, la automotriz aporta matices. El último estudio de Kelly muestra que solo 55% de las empresas del sector está de acuerdo con la medida; 27.75% dice estar parcialmente de acuerdo, 9.57% la rechaza y 7.66% no tiene postura definida.
Entre los escépticos, un 29.67% de los líderes del sector anticipa una reorganización de horarios que impactará toda la cadena, desde logística interna hasta abastecimiento de materiales. Otro 23.44% prevé un incremento directo en los costos laborales por nuevas contrataciones y mayores cuotas al IMSS. En conjunto, la industria reconoce que la transición puede sostenerse, pero no sin ajustes complejos en la operación diaria.
Ese sentimiento de reacomodo también se refleja en el comercio y los servicios. Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, dijo en un comunicado que una implementación gradual reducirá la tensión inicial y permitirá planear ajustes sin fracturar operaciones familiares, especialmente en el sector restaurantero y de servicios turísticos, donde la rotación y la estacionalidad marcan los tiempos de negocio.
En el sector gasolinero, fuentes consultadas señalaron que la reducción de la jornada implicará revisar de inmediato aportaciones al IMSS, Infonavit, UMAs y el Salario Base de Cotización. El sector anticipa un 2026 complejo, con aumentos al salario mínimo y menor disponibilidad de horas para cubrir turnos críticos. La combinación de estos factores obligará a evaluar si se requieren más contrataciones o una redistribución de personal en horarios clave.
Las telecomunicaciones también se preparan para una reorganización operativa. La continuidad del servicio depende de personal técnico, áreas de atención al cliente y equipos de monitoreo de redes, donde la rotación o los huecos en la cobertura de turnos pueden comprometer la calidad. El sector evalúa cómo absorber el impacto sin disparar costos y sin arriesgar indicadores de servicio que dependen de disponibilidad continua.
Para América Móvil, la mayor empresa del sector, cada hora cuenta, y cualquier ajuste debe medirse en su impacto sobre redes que operan en tiempo real. “Cualquier aumento de los costos por concepto de salarios y beneficios podría reducir la rentabilidad de la compañía”, advirtió la empresa en su informe anual. En el país, la empresa concentra 85,748 trabajadores, el 48% de su fuerza laboral global.
Mientras tanto, los pequeños operadores del sector observan la transición desde otra lógica: la automatización. “Aplicar ambos cambios al mismo tiempo podría generar presiones adicionales”, dijo Rocío Villanueva, presidenta de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), al referirse a la combinación de jornada corta y alza salarial.
Empresas del sector minorista ya activaron sus propios laboratorios de ajuste. Walmart, por ejemplo, inició un programa piloto en 100 tiendas para operar con jornadas de 40 horas semanales y medir cómo cambia la productividad, la eficiencia operativa y el bienestar del personal, mientras prueba herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas que antes dependían de mano de obra extendida.
FEMSA, dueña de Oxxo, también ensaya modelos con 40, 43 y 45 horas para anticiparse a una reforma que recortaría la semana laboral de 48 a 40 horas y que exige rediseñar turnos, cargas de trabajo y rutinas operativas sin perder ritmo ni servicio.
Supervisión y control en centros de trabajo
La iniciativa suma una pieza fundamental para garantizar su cumplimiento. Todas las personas empleadoras deberán llevar un registro electrónico de la jornada laboral. La Secretaría del Trabajo expedirá las reglas para su implementación y supervisión.
Esta medida abre la puerta a sistemas automatizados y plataformas digitales que permitan rastrear horarios en tiempo real, un paso que conectará la reforma con procesos de modernización administrativa en las organizaciones.
Para México, que mantiene una de las jornadas más largas entre los países de la OCDE, este cambio representa un giro hacia modelos laborales más compatibles con el descanso, la salud y la productividad sostenible, así como un paso que ya dieron otros países de América Latina.
Los argumentos a favor del cambio toman como referencia lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. El documento señala una reducción de accidentes, mejoras en seguridad y salud, y un equilibrio más sano entre vida personal y laboral como los beneficios centrales de la reforma. Para las empresas, estos factores suelen traducirse en menor rotación, equipos más estables y mayor compromiso organizacional.
¿Por qué es tan polémica esta reforma?
La propuesta se presenta como un avance en derechos laborales y salud ocupacional, pero también impacta el centro operativo de miles de empresas que llevan años trabajando con plantillas ajustadas y márgenes de eficiencia limitados. Ese cruce entre urgencia social y cálculo empresarial sostiene el debate.
Una parte del desacuerdo proviene del costo de reorganizar turnos, contratar más personal o reestructurar procesos. Para las pequeñas y medianas empresas, que generan más de la mitad del empleo en México, el ajuste se percibe como una presión adicional en un contexto de inflación alta y ciclos económicos inciertos. Del otro lado, sindicatos y organizaciones laborales recuerdan que México mantiene una de las jornadas más largas de la región y que la reforma apunta a estándares internacionales orientados a mejorar la calidad de vida.
La iniciativa también tiene un componente político. Se convirtió en un termómetro del músculo legislativo del gobierno federal y de su relación con el sector privado. En ese terreno aparece con frecuencia la voz de Carlos Slim, cuya presencia en el debate público responde al peso de sus inversiones y a su influencia en temas económicos. En distintas conferencias ha subrayado que, antes de reducir la jornada, los trabajadores buscan ganar más. Su postura desplaza la discusión hacia el ingreso y no hacia las horas, y ha reforzado la preocupación empresarial por un eventual aumento de costos.
La polémica también refleja el momento histórico. México vive un reacomodo laboral marcado por el teletrabajo, la subcontratación regulada, la NOM-035 y una fuerza laboral joven que exige más equilibrio entre vida y empleo. En ese contexto, reducir la jornada se interpreta como parte de un paquete más amplio de transformaciones que obligan a las empresas a replantear su cultura organizacional.
La ruta legislativa avanza. Si el Congreso respalda la iniciativa en los plazos previstos, México iniciará en 2026 una transición que lo acercará a estándares de la OCDE y a prácticas adoptadas por Chile, Colombia y Brasil. Para las empresas, será el comienzo de un reacomodo interno que incluirá contratación adicional, automatización y nuevos sistemas de control operativo. Cada empresa deberá definir cómo seguir siendo competitiva con menos horas en el reloj.
Con información de Mara Echeverría y Tzuara de Luna
