El gobierno de Peña se excede en gasto público
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto siguió la letra de la ley de Parkinson que dice que “los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos”.
Desde el inicio del actual gobierno, hace cinco años, hasta el primer trimestre de este año, el gasto excedente del sector público, que incluye al gobierno federal, y paraestatales como Pemex y CFE, sumó 1.4 billones de pesos, es decir, que el gobierno ha gastado más de lo que el Congreso le aprobó.
Sunny Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) refiere que existen distintos factores que explican este mayor ejercicio, el principal es la regular llegada de mayores ingresos con respecto a lo presupuestado.
En el paquete económico de 2017, la Secretaría de Hacienda presentó una estimación para el dólar en 18.1 pesos, los legisladores lo modificaron a 18.4 pesos por dólar, y al cierre de 2017 esta moneda promedió los 18.90 pesos.
Ese cálculo tiene distintas implicaciones, hay mayores ganancias en dólares por la exportación de petróleo mexicano, pero se gasta más por pago de intereses de deuda pública en dólares, explicó Villa.
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Tan solo en 2017, el gasto excedente sumó 288,704 millones de pesos, mientras que en los primeros cinco años de la actual presidencia y el primer trimestre de 2018, los ingresos excedentes (aprobados vs reportados) sumaron casi dos billones de pesos, refieren cifras de Hacienda.
También hay otras variables que inciden en la estimación del gasto y que terminan siendo diferentes a las proyectadas, como una menor tasa de interés a la que se tuvo durante el año o un mayor precio del petróleo al estimado en el presupuesto, explicó Alejandro González, presidente del consejo de Gesoc, un centro de investigación en política pública.
“Es común que se subestime el gasto, y por ende, termine gastándose más a lo aprobado por el Congreso. El hecho de que esto suceda es que en la Ley de Responsabilidad Hacendaria no hay consecuencias por esta acción”, explicó González.
Tampoco existe una figura que vigile el cumplimiento del ejercicio del gasto, esa figura, en otras partes del mundo, se conoce como consejo fiscal, la cual el gobierno actual se negó a conformar, consideró el especialista.
El gasto excedente en este sexenio se da pese a que desde 2015, la administración federal anunciara recortes al presupuesto ante la baja en el precio del petróleo a nivel mundial y otras cuestiones como la volatilidad generada por el Brexit y el cambio de poder en Estados Unidos.
“Hay que diferenciar entre un recorte y una reasignación, lo que hemos visto es una reasignación. Consideremos que hay una parte importante del presupuesto que se ve absorbida por gastos obligatorios crecientes como pensiones y el pago de intereses por la deuda; entonces quitas recursos para un fin para atender otros”, explicó Villa.
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También hay otras atribuciones que tiene Hacienda, como quitar y reasignar recursos a dependencias que no tuvieron la capacidad de gastar los recursos que se le asignaron, en un periodo determinado, agregó la investigadora del CIEP.
En sexenios anteriores también se registraron gastos excedentes, pero el actual en particular tuvo la característica de tener una secretaría de Hacienda con alto poder político, primero con Luis Videgaray, personaje cercano al presidente, y José Antonio Meade, quien fue candidato a la presidencia, consideró González.
Al tener este poder político, es posible que parte de estos gastos excedentes reportados, se relacionen con fines políticos, agregó.
El mayor gasto público, no se reflejó en mayor inversión en infraestructura, sino que se fue más a gasto corriente, es decir, el que se destina a la operación del gobierno, como salarios, insumos de oficina, transporte, renta de oficinas, etc.
En 2017, después de dos caídas anuales consecutivas, el gasto para obra pública e infraestructura representó 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), el menor nivel visto desde 2006, refieren datos de Hacienda.
En tanto, la deuda pública representaba el 47.2% del PIB, con 10.8 billones de pesos, el nivel más alto de los últimos 25 años.
No obstante, la Ley de Responsabilidad Hacendaria señala que los recursos por deuda deben ser destinados a gasto de capital, es decir, infraestructura.
“La gran pregunta que nos queda es ¿dónde quedó ese dinero?, para evitar esto, la solicitud de conformar un consejo fiscal para la próxima administración, por representantes de la sociedad civil y empresarios, está en la mesa, esperemos que lo haga”, concluyó el presidente del consejo de Gesoc.
