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Funcionarios corruptos, en la mira de diputados de Morena

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que continuarán los procesos en contra de quienes cometieron irregularidades en el ejercicio del gasto de 2016.
jue 22 noviembre 2018 04:30 PM
Dispendio
El gasto público ejercido en 2016 superó en 900,000 millones de pesos lo presupuestado.

La Cámara de Diputados no detendrá los procedimientos administrativos y penales en contra de los funcionarios que cometieron ilícitos en el ejercicio del gasto público de 2016.

“Lo que hacemos es darle seguimiento a los procedimientos administrativos y penales para que el que cometió ilícitos tenga pena”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara Baja.

En ese sentido, rechazó que las recientes declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en relación a perdonar a personajes corruptos de la actual administración incluya los casos que persiguen los legisladores. “Estamos obligados por ley a hacerlo”, dijo en entrevista.

Después de revisar la Cuenta Pública de ese año y reprobarla el 30 de octubre pasado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública condenó cómo se ejerció el gasto, y junto con la Comisión de Vigilancia, integraron un grupo para asegurar que los funcionarios que cometieron irregularidades sean sometidos a proceso.

En la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, la Auditoría Superior de la Federación señaló que falta por aclarar el destino de 103,000 millones de pesos.

Ese año el gasto superó en 900,000 millones de pesos lo aprobado y llevó a un incremento de la deuda pública, refirió el legislador.

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El costo financiero de la deuda es una de las mayores dificultades en el diseño del presupuesto de egresos para el próximo año, que deberá entregar el actual gobierno en coordinación con el equipo de transición hasta el 15 de diciembre.

“Es una de las lozas más pesadas que tenemos. No es malo endeudarse cuando se usan los recursos de la deuda como mandata la Constitución, para la inversión en infraestructura. Pero eso no sucedió”, advirtió Ramírez Cuéllar.

Sin embargo, lo que más preocupa, dijo, es la irracionalidad y dispendio del gasto público.

“Es excesivo el costo del poder ejecutivo, de los poderes legislativos, de los poderes judiciales y órganos
autónomos. Tenemos que llegar en 2018 a un acuerdo con legisladores locales muy fuerte entre todos para una racionalización del gasto público”, señaló.

A partir de la actual legislatura, la Cámara de Diputados retomará su carácter de revisor del ejercicio del gasto público, aseguró.

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