INEGI da batalla en Corte contra baja en presupuesto y ley de salarios de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó este jueves que presentó una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la reducción de su presupuesto de 2019 y contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Señaló que en su carácter de órgano constitucional autónomo ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional, correspondientes a normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Esto, con el propósito de suministrar a la sociedad y al Estado información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.
Lee: El INEGI suspende 13 encuestas y un censo por recorte presupuestal
En un comunicado, afirmó que la controversia es por el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica.
Además por la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.
Lee: OPINIÓN: ¿Quién cuida la estadística oficial?
Añadió que el recurso también es por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del INEGI en el Presupuesto de Egresos 2019.
"Adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del INEGI, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica", argumentó.
Lee: OPINIÓN: Recorte en el INEGI... ¿Y los datos qué?
Expuso que la interposición de la demanda de controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía otorgada al INEGI, para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna del país.
Apuntó que avala y reconoce la voluntad del gobierno federal de aplicar una política de austeridad y disciplina en el gasto público que permita un mejor uso de los recursos públicos, principios que están vigentes en el actuar cotidiano de este instituto.
Lee: OPINIÓN. Recortes: ¿austeridad o arrebato?
Afirímó que es respetuoso del marco constitucional y de las disposiciones legales vigentes, por lo que acatará la determinación que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.