Transparencia y capacitación, herramientas para la autonomía del Poder Judicial
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La capacitación y la transparencia son dos herramientas que los jueces y magistrados tienen diariamente para hacer valer su autonomía a la hora de tomar resoluciones, consideraron magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Durante el Encuentro Expansión que estuvo centrado en el tema de Justicia Administrativa, el magistrado Jorge Arturo Camero, señaló que es justamente la transparencia, la que permite frenar cualquier intento de injerencia externa en la decisión de los jueces.
“Existe una tradición en el poder judicial para brindar la autonomía y la independencia, a través de la transparencia. Ahora en los tribunales federales se graban las sesiones, son públicas, se graban a través de cámaras, las partes pueden asistir a las sentencias, los quejosos, las autoridades... Esto le da transparencia a la actuación del poder judicial de la federación”, subrayó.
La autonomía y la independencia de los jueces en el Poder Judicial de la Federación está consolidada
En el Encuentro Expansión, participaron también los magistrados Óscar Fernando Hernández y María Amparo Hernández del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, además de Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y Cecilia Sayeg, directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales.
Actualmente los jueces y magistrados pueden reunirse con las partes de manera individual y privada durante el desahogo de un juicio sin que esto represente una irregularidad, pero para abonar a la transparencia, la Barra de Abogados propone que estas audiencias sean públicas.
“Se puede usar la regulación como en otros países, en donde las audiencias para recibir a las partes sean públicas y estén presentes ambas. Eso abona mucho en el tema de las presiones que se piensa, se pudieran recibir”, consideró el magistrado Óscar Fernando Hernández.
La capacitación, otro pendiente
El otro pilar es la capacitación, y no solo la de los jueces, subraya María Amparo Hernández, quien explica que hay un problema con la formación de los abogados que se hace evidente en los juicios, donde algunas personas pierden porque los litigantes no supieron llevar la defensa.
“Es un problema estructural en el país. Hay abogados competentes y hay muchos abogados malinformados y con deficiente formación académica. Es muy triste ver perder un juicio a alguien que sabías que tenía razón pero donde el abogado lo hizo muy mal”, apuntó la magistrada.
Esto es un problema estructural del país, el que no haya un estándar mínimo para la abogacía, de algún modo genera un sistema de acceso a la justicia muy elitista
Como solución a esta problemática, las barras y colegios de abogados están impulsando que la certificación sea necesaria para poder litigar, como ocurre en otros países y que incluso sean los Colegios los que puedan regularla.
Este tema aún no genera consenso en México, para Manuel J. Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la medida principal para solucionar este problema es reforzar la calidad de los programas de estudio y las escuelas que imparten la licenciatura en Derecho. “Hay 2,000 registros de programas de Derecho en el país. Hay muchas escuelas, pero pocas buenas”, adviertió.
El magistrado Jorge Arturo Camero plantea que desde la reforma constitucional de 2011, han estado trabajando y desarrollando sentencias sobre el tema de derechos humanos y otras donde actos de particulares son equivalentes a los actos de autoridad.
“Hay casos excepcionales en donde estos particulares ejercer actos contra ciudadanos que se equiparan a un acto de autoridad”, detalló.
Los nuevos retos
Para la magistrada María Amparo Hernández uno de los retos para los jueces y magistrados es hacer más accesible a los ciudadanos su trabajo, como el adecuar el lenguaje técnico-jurídico de las resoluciones, para que su sentencias sean muy claras para los involucrados.
“Hacen falta que los que impartimos la justicia administrativa seamos más cercanos o más accesibles a las personas, no me refiero a concursos de popularidad ni que estemos todo el tiempo socializando en ese sentido, sino a que seamos más comprensivos de sus problemas y tratemos de salir de esa dinámica en la que el lenguaje jurídico es muy técnico”, mencionó.
Para ella, esto quiere decir que cuando tengan una resolución, los ciudadanos no necesiten rodearse de especialistas para saber qué pasó, y esto necesita una esfuerzo como magistrados para escribir sentencias más cortas o más entendibles para la gente.
