Una vez que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entre en vigor el próximo 1 de julio –un mes más tarde de lo acordado inicialmente- arrancará una nueva era comercial en América del Norte en materia comercial.
Sin embargo, los tres socios comerciales están ajustando sus respectivas legislaciones para cumplir con lo pactado y la parte del contenido regional no está clara para ninguna de las partes.
"Simplemente documentar el contenido local en el T-MEC es un asunto que es bastante complicado. A través de proyectos de blockchain se puede saber cuál es el contenido local de cada uno de los países para cumplir con esa regla, pero no es claro todavía. No están bien preparadas las organizaciones para esto", advierte Raúl Meyer, Socio de Manufactura Avanzada y Movilidad en EY México.
El T-MEC será un referente para las relaciones comerciales a nivel mundial, coinciden Moisés Kalach, excoordinador de la estrategia bilateral México-Estados Unidos del CCE, Eugenio Salinas, coordinador del Cuarto de Junto, y Juan Carlos Baker, quien fuera parte del equipo negociador con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Entre las novedades que incluye el acuerdo comercial se encuentran capítulos específicos en materia de anticorrupción, ambiental, comercio digital, medio ambiente, competitividad y laboral.
“El T-MEC es el primer tratado que toma esas complejidades y las convierte en disciplinas comerciales”, destacó Juan Carlos Baker, ahora académico de la Universidad Panamericana.
La parte laboral, fue la más espinosa durante la negociación, especialmente en la segunda mitad de 2019, pues el partido demócrata de Estados Unidos no confiaba en que el gobierno mexicano fuera a cumplir con lo pactado.
En diciembre pasado se firmó un agregado al T-MEC, avalado por el Congreso estadounidense, en el cual México se comprometía a cumplir el tratado, sin embargo, hubo un punto que hizo mucho ruido: la supuesta presencia de inspectores laborales extranjeros en México. Figura que tanto el gobierno federal como la iniciativa privada aseguran que no se negoció ni que formó parte del tratado, sino que solo se trataba de asesores especializados.
“Fue una propuesta del Congreso americano al gobierno americano”, afirma Moisés Kalach. “(Los inspectores laborales) no están en ninguna de las disposiciones del tratado”, dice por su parte Eugenio Salinas.
En el tema laboral, los tres países están comprometidos a garantizar la libertad a asociaciones sindicales, reconocer el derecho de negociación colectiva, eliminar el trabajo forzado, abolir el trabajo infantil.
“En este capítulo se establece una serie de compromisos: un país no va a dejar de aplicar su ley laboral o ambiental para ser más competitivo en materia comercial; también que va a prohibir las formas de trabajo infantil o forzado, que va a promover la libre asociación de los trabajadores en sindicatos, a respetar el derecho a negociación de los sindicatos con las empresas”, detalla Baker PIneda.
En el caso de México, el gobierno deberá proporcionar en sus leyes laborales el derecho a participar en actividades para la negociación colectiva y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección. También deberá establecer organismos independientes para el registro de elecciones sindicales.
Para ello es necesario contar con un sistema que permita elecciones libres y secretas de líderes sindicales, generar leyes de revisiones para abordar salarios y condiciones de trabajo, y que los acuerdos de negociación colectiva incluyan un requisito de apoyo mayoritario.
En caso de que algún país o empresa incumpla con lo estipulado en el T-MEC, se iniciará una controversia laboral, con la que se buscará reparar la falta so pena de sanciones que pueden llegar hasta la suspensión de las exportaciones.
Para la solución de estas controversias se puede llegar a la formación de paneles, llamados mecanismo de solución rápida, el cual estará conformado por tres integrantes, en lugar de cinco como ocurre en las controversias comerciales.
El acuerdo comercial para América del Norte está por debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por encima de normativas locales y federales.
