Las adjudicaciones directas para los contratos de la administración pública no han logrado revertir su tendencia en crecimiento tras la llegada de un gobierno federal en 2018.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, el 70% del total de los contratos por compra-venta de bienes o prestación de servicios para la administración pública se da por adjudicación directa, un nivel que no ha disminuido tras el cambio de gobierno a nivel federal.
“Uno de los temas más complejos para cualquier gobierno, y para este no ha sido excepcional, es el tema de la contratación pública, lo que hemos visto es que no se ha podido revertir la tendencia histórica de las adjudicaciones directas, históricamente siempre ha estado por encima del 70%”, comentó Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
Bohórquez explicó que con el cambio de gobierno se esperaba revertir esta tendencia, es decir que el 70% de los contratos sea por licitación pública, y el 30% por adjudicaciones directas.
“Hemos visto que no hemos logrado revertirlo. Sigue siendo un talón de Aquiles para los gobiernos”, agregó el director general de Transparencia Mexicana.
Un alto porcentaje en las adjudicaciones directas tiene costos monetarios y en la eficiencia para el manejo de recursos públicos, lo que abre puertas a actos de corrupción, explicó por su parte Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“El costo para finanzas públicas, es un costo directo, es un costo monetario, pero hay un tema que nos preocupa más y es el costo en la eficiencia, todo lo que se pierde en la calidad de este gasto, la eficiencia que se va perdiendo, y lo que abre muchas puertas a la corrupción. En términos de recursos y eficiencia es un tema que a todos nos tendría que preocupar”, dijo Moy.
La ley actual no cuenta con buenas prácticas internacionales sobre cuándo hacer adjudicaciones directas, y estas no siempre se realizan con el objeto de realizar actos de corrupción, si no que también obedecen a una mala gestión en la administración pública, explicó Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
“La adjudicación directa es resultado de una mala planeación, es resultado de no contar con información específica e inteligente sobre el mercado, sobre quiénes ofrecen los bienes y servicios, en qué condiciones. No siempre es porque haya una intención de corrupción, sino porque se requiere el producto ya, y no se cuenta con la información, no hay un proceso eficiente”, dijo Campos.
