“Sin embargo, la reforma amplía la base de quién es elegible para acceder a una pensión mínima garantizada, lo que corre el riesgo de generar presiones fiscales adicionales en las cuentas del gobierno”, agregó Moody’s Investors Service.
La reforma presentada por el Ejecutivo la semana pasada, propone reducir el número de semanas de cotizaciones a 750 para permitir que más trabajadores reciban al menos el mínimo garantizado, ampliando la base de pensionados elegibles.
“Alrededor del 76% de la población en edad laboral no es elegible para recibir una pensión, con base al requisito de 1,250 semanas de contribuciones al sistema para recibir al menos la pensión mínima garantizada (cuando los ahorros no son suficientes para comprar una pensión privada)”, explicó Moody's.
Cabe aclarar que la reforma aún no se presenta de manera formal ante el Congreso de la Unión para su futura discusión a partir de septiembre.
¿Qué hacen los mexicanos en los organismos internacionales?
La calificadora consideró que los trabajadores mexicanos se beneficiarán de la propuesta de reforma gracias al aumento sustancial de la tasa de reemplazo, debido a un aumento gradual en la tasa de contribución al 15% del salario de un individuo desde el 6.5% actual.
“El aumento se cobraría a los empleadores de forma incremental durante un período de ocho años”, detalló.
“Si el Congreso lo aprueba, la reforma sería un crédito positivo para los administradores de activos de fondos de pensiones privados, o administradoras de fondos para el retiro (Afores), porque afirma la continuidad de la industria al eliminar la amenaza de la nacionalización de la industria, que algunos en el Congreso había propuesto”, refirió.
Moody's refiere que la propuesta presentada por el Ejecutivo, la semana pasada, es el resultado de un estrecho trabajo entre el sector privado, el Congreso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sindicatos, lo que sugiere una mejora en la relación entre el sector público y el sector privado.
“Las propuestas para reemplazar a las Afores con una agencia gubernamental o para regresar a un sistema de beneficios definidos habrían perturbado significativamente el negocio de los administradores de activos de pensiones, aseguradoras de pensiones y sectores relacionados”, consideró la calificadora.
