Explicó que esta expectativa se basa en análisis alineados a la política del gobierno federal y planteados bajo distintos escenarios, entre ellos, un crecimiento anual promedio de 2.9% y una inflación anual de 3% para el periodo 2021-2025.
Para 2020 la SHCP proyecta que la deuda pública como proporción del PIB represente 53.5%, aunque previo al COVID-19, se esperaba 45.3%. Para el siguiente año la proyección es de 52.6% y para 2022 de 52.3%.
La dependencia a cargo de Arturo Herrera informó que la deuda es sostenible, cuando su trayectoria como porcentaje del PIB se mantiene estable o decrece, a la vez que permanece en niveles bajos, con esto, se cumple con la condición de solvencia de la deuda.
En términos generales, una economía es solvente cuando la deuda no observa una trayectoria explosiva. Asimismo, la sostenibilidad de la deuda de un país se alcanza cuando esta se puede solventar sin la necesidad de hacer ajustes de política desproporcionados, renegociar o reestructurar los términos financieros o declararse en default (o incapacidad de pago), de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El COVID-19 representa costos significativos para la economía mexicana, la cual enfrenta actualmente el reto más complejo desde la Gran Depresión en materia de protección del bienestar social e impulso a la actividad económica agregada. El brote y posterior evolución como pandemia del COVID-19 ocurrió en un entorno externo de por sí complejo, con una marcada desaceleración sincronizada de las principales economías del mundo que estaba en marcha desde 2019”, señaló la dependencia.
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el gobierno federal debe mantener el saldo histórico de la deuda, como porcentaje del PIB, que muestre una trayectoria que no ponga en riesgo la solvencia del Sector Público. De esta forma, la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) está determinada por la capacidad de financiamiento del Sector Público.
