En términos absolutos, 19.6 millones de niños, niñas y adolescentes se encontraban en pobreza en 2018, mientras que en 2020 fueron 19.5 millones.
En 2018, el 8.7% de esta población se encontraba en situación de pobreza extrema; para 2020, la proporción fue de 10.6%, lo que se traduce a 3.9 millones de niñas, niños y adolescentes con un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y con, por lo menos, tres carencias sociales.
Con carencias
Respecto a las carencias sociales se identificó que para 2018 y 2020, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes contaban con al menos una carencia social, mientras que 65.8% de la población de 18 años o más se encontraba en esta situación.
La carencia por acceso a la seguridad social fue la que más se presentó en este grupo: 58.7% en 2018 y 58.0% en 2020, respectivamente; para la población de 18 años o más, se estimó una proporción de 51.1% en 2018 y de 49.6% en 2020.
La segunda carencia con mayor incidencia en este grupo poblacional, considerando los resultados de 2020, fue el acceso a los servicios de salud (14.3% en 2018 y 27.5% en 2020).
En tanto, más de un cuarto de la población menor de edad presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; esta proporción visibiliza la importancia de asegurar el acceso a los alimentos para este grupo dada su relevancia para su sano crecimiento físico y mental, apuntó el Coneval.
El organismo identificó que los riesgos que están presentes en todas las etapas de la vida de los mexicanos son: afectaciones a la salud mental y socioemocional; desarrollo de enfermedades y complicaciones de salud por padecimientos; problemas de malnutrición y la condición de discapacidad permanente; riesgos vinculados al derecho a la salud, al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, y al derecho a la seguridad social.
Recomendaciones
El secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo explicó que derivado de este informe, el órgano a su cargo desarrolló recomendaciones en los ámbitos de políticas públicas para mejorar la situación social y económica de la población mexicana en general.
Para mejorar las condiciones en materia de acceso a la protección social, destacó que se requiere de un sistema universal, que cuente con una instancia que coordine esta política a nivel nacional. También es deseable que la instancia sea encabezada por el o la titular del Ejecutivo y estar integrada por las dependencias y entidades cuyo objeto esté vinculado a los riesgos asociados a la protección social.
Asimismo, se deberá incluir la participación de representantes de gobiernos estatales y municipales para garantizar el alcance nacional del Sistema de Protección Social. Además de contar con un sistema de gestión único que contribuya a reducir la dispersión de instrumentos de política pública y el número de trámites para los beneficiarios.
