La Encuesta Mensual de Expectativas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) pronosticaba en enero un crecimiento de 1.2% para 2023 y de 2% para 2024; para julio fueron modificadas a 2.4% y 1.8%, respectivamente.
“Los datos de Estados Unidos salieron prácticamente al doble de lo esperado y eso reafirma la percepción de que no habrá recesión, cuando menos, no en 2023. Se ha venido hablando de una recesión durante casi más de un año que no se ha materializado”, indicó a la prensa Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, al presentar el informe de las finanzas y deuda públicas del segundo trimestre.
Desde septiembre del año pasado, la SHCP prevé un crecimiento de 3% para la economía mexicana. A mitad de año, considerando las inversiones que traiga el nearshoring, esperan que sea mayor que este pronóstico. Para 2024 prevé también un 3%, pero en un rango menor (1.6-3.0%) al estimado para este año (2.2-3.0%).
“Es altamente probable que el próximo año sea complicado en términos económicos, y no tanto por el tema electoral, sino porque se espera una desaceleración en Estados Unidos y, probablemente, en México. Entonces, el primer reto que va a encontrar la nueva administración va a ser reactivar la economía de esta posible desaceleración del siguiente año, y esto apenas de entrada”, considera Luis Gonzali, vicepresidente y director de Inversiones de Franklin Templenton.
Ya de entrada, reactivar la economía conlleva acciones de toda índole: financieras, educativas, fiscales, de seguridad, jurídicas y políticas.
Cuestión de fuerza
La fuerza del gobierno para contribuir al crecimiento económico y la atracción de inversiones está en el ejercicio del gasto público, especialmente, el enfocado en el desarrollo de obra pública como carreteras, aeropuertos, sistemas de transporte colectivo, autopistas, puertos marítimos para el movimiento de bienes y de personas, explica Christopher Cernichiaro, investigador posdoctoral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
“Al nuevo gobierno le va a tocar la época de oro del nearshoring, las inversiones apenas empiezan, y le va a tocar cuando se esté produciendo y haya más inversiones. Un reto clave es el tema de infraestructura en materia de agua y en energía eléctrica para que las inversiones por el nearshoring sigan llegando”, comenta Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays.
Uno de los retos de este gobierno ha sido recuperar la inversión física que viene en caída desde 2015, y mantenerla por arriba del costo de la deuda, esto ocurrió en 2021 y 2022, pero 2023 pinta para ser diferente. Al cierre del primer semestre, el pago de los intereses por la deuda fue de 166,000 millones de pesos mayor que el gasto en infraestructura.
Además de que el pago de la deuda ha aumentado por las alzas en las tasas de interés del Banco de México, hay otros gastos obligatorios que absorben cada vez más parte del presupuesto; por ejemplo, el de pensiones vitalicias y por programas sociales, y transferencias a los estados a través de participaciones y aportaciones.
Además de otras acciones, como los apoyos financieros y fiscales a Pemex. Todo, en un contexto de menores ingresos a la hacienda pública por la apreciación del peso, pues cuesta menos el precio del petróleo de exportación y se recauda menos IVA por operaciones de comercio exterior, de acuerdo con Yorio.
Generar más ingresos
Otro desafío para la nueva administración está en la creación de más ingresos, es decir, hacer una reforma fiscal integral.
“Idealmente, hubiera estado bien que se hiciera este sexenio y no se va hacer. Para el siguiente sí tiene que haber reforma, si no, no va a haber dinero que alcance para proyectos y programas, y todo lo que quiera hacer el siguiente gobierno”, considera Gonzali.
Si Hacienda está perdiendo ingresos por el superpeso, es importante destacar que este también beneficia y compensa a la economía nacional porque se esperan crecimientos en las exportaciones, remesas y turismo, destaca el economista en jefe de Hacienda, Rodrigo Mariscal.
Un reto más es Pemex porque sigue fuertemente endeudada y no parece que la situación vaya a cambiar pronto, agrega el economista de Franklin Templenton.
“Yo creo que la siguiente administración ya no va a seguir con el enfoque de arreglar los problemas que surgen con Pemex, va a tener que dar solución integral al tema”, comenta Casillas.
En julio pasado, Fitch Ratings y Moody’s hicieron ajustes a la baja en las calificaciones y perspectivas crediticias de Pemex. Fitch justifica su baja por la preocupación sobre la capacidad y la voluntad del gobierno para mejorar la posición de liquidez de la empresa. Moody’s considera que el gobierno seguirá financiando las necesidades de efectivo de la petrolera, además de ayudarla con el pago de sus amortizaciones de deuda en 2023, 2024 y 2025.
Un análisis de México Evalúa refiere que, en lo que va de la actual administración, el gobierno ha transferido 772,000 mdp a Pemex para ayudarla financieramente. En tanto, Hacienda refiere que los apoyos, otorgados en 2019 y 2021, suman 10,000 millones de dólares, mientras que el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) se redujo del 65% al 40% a la petrolera.
¿Y la inflación?
“Desafortunadamente, la inflación va a seguir en niveles altos, será hasta finales de 2024 que pueda alcanzar un nivel del 3.5%, lo cual todavía está fuera de la meta del Banco de México, pero ahí no es tarea del nuevo gobierno, aquí el reto está en respetar la autonomía del banco central”, señala Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base.
Gonzali considera que la decisión del gobierno actual de mantener los subsidios a la gasolina ayudó a controlar los incrementos de los precios del crudo en los últimos años, y que esta medida puede activarse en la siguiente administración, cuando se vean picos en los precios del petróleo.
Siller anticipa mayor volatilidad el siguiente año para el tipo de cambio porque habrá elecciones en México y en Estados Unidos.
Por su parte, Yorio refiere que el gobierno no tiene mecanismos para incidir en este, pues está determinado por oferta y demanda en los mercados.
“Lo que ahí tiene que haber es un mensaje positivo, un mensaje de conciliación con el sector privado y a favor del libre mercado para que el tipo de cambio no reaccione tan fuerte; es decir, que no haya ninguna sorpresa como en 2018, cuando se canceló la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México”, advierte la economista de Grupo Financiero Base.
Y para abarcar todas las ramas, Casillas agrega otras dos: “Que el sector energético funcione con lógica de mercado”, y el pendiente de varios sexenios, que es “mejorar el Estado de derecho; si no arreglamos ambos temas, no vamos a ver sostenible el potencial de crecimiento económico que tiene México”.
