El crecimiento de la necesidad de deuda viene en sintonía con un menor dinamismo en la recaudación de impuestos y por la falta de una reforma tributaria y hacendaria, que ha sido solicitada por el sector privado y la sociedad civil durante todo el sexenio. Además de las grandes turbulencias económicas que vivió el mundo a raíz de la pandemia de covid-19.
“Se propone para 2024 un gran déficit presupuestario, pero también se proyecta para los siguientes años; se planea recolectar 7.3 billones de pesos, con un crecimiento del PIB optimista (hasta 3.5%); este año estamos creciendo cerca de lo que se proyectó, sin embargo, no estamos llegando a los ingresos esperados. Para 2024, en materia de ingresos estaremos a niveles de 2018, lo que apunta a que es un sexenio perdido en términos de ingresos públicos”, comenta Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Las luces por el déficit también se prendieron para las calificadoras de riesgo crediticio, incluso Moody’s Investors Service, después de presentado el plan del Paquete Económico, señaló que el aumento del déficit es consecuencia del incremento del gasto destinado a proyectos prioritarios del actual gobierno, y que el presupuesto del próximo año implica un cambio manifiesto en la conducción de la política fiscal con respecto a lo observado a la fecha, ya que los déficits fiscales alcanzaron niveles promedio de sólo el 3% del PIB, aun durante los años de la pandemia.
Más deudas
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no cuenta con una miscelánea fiscal, es decir, que no existen planes para concretar cambios en materia del IVA, el ISR o el IEPS. Pero algunas de estas cuotas sí se actualizarán a fin de año con la inflación y se aplicarán en 2024, a diferencia, de algunas deducciones, por ejemplo, las de las colegiaturas, que no se han actualizado desde hace 12 años.
Pese a que no hay miscelánea fiscal, el documento de Criterios Generales de Política Económica enfatiza las acciones que se han impulsado en el sexenio y que continuarán en 2024 para reducir la evasión fiscal, como aumentar las medidas de percepción de riesgo a los contribuyentes.
“A consecuencia, 2024 va a ser un año de extrafiscalización de las personas morales y grandes contribuyentes, es decir, 2.4 millones de contribuyentes de un total de 62 millones, porque este rubro es el que aporta el 71% de la recaudación de impuestos del país. No se va a poder alcanzar el incremento proyectado en los ingresos si no se da esta extrafiscalización; ya están llegando revisiones profundas, invitaciones, hay más contacto por parte de la autoridad fiscal”, advierte Héctor Amaya, vicepresidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Lo malo de esta estrategia es que esta recaudación secundaria y por fiscalización tiene sus límites, pues se reduce el potencial conforme los contribuyentes se ponen al corriente con la autoridad, refiere, por su parte, José Luis Clavellina, director de Investigación del CIEP.
Por ello, para recuperar el espacio fiscal perdido, la próxima administración enfrentará retos mayores, “incluyendo el referido a considerar una amplia reforma tributaria”, refiere Renzo Merino, VP-Analista Senior de Moody’s Investors Service.
Gastos obligatorios
Al reto de la reforma tributaria, a la próxima persona que ocupe la presidencia y su gabinete hacendario se le suma la necesidad de revisar y recortar gastos para reducir el déficit fiscal, y 2025 será el año en el que suceda, de acuerdo con Hacienda.
Uno de los grandes problemas es que, desde iniciado el sexenio, los gastos considerados como obligatorios, es decir, pensiones, el costo financiero de la deuda y los recursos para las entidades federativas, abarcan más del 80% del gasto público. También hay otros compromisos, como los apoyos a Pemex y los incentivos fiscales a los combustibles, refiere Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
El costo financiero de la deuda verá en 2024 los efectos de las alzas en la tasa de interés de referencia del Banco de México y en el mundo, con el objetivo de apaciguar la subida de precios, pues también llegará a récords no vistos desde hace más de 30 años: 1.263 billones de pesos, lo que representará el 3.7% del PIB y el 14% de todo el gasto público.
Pero este no es el indicador más elevado, de entre los tres rubros más importantes obligatorios el de las pensiones es el mayor, con el 4.4% del PIB, o casi 2 billones de pesos; mientras que las participaciones para los estados representarán el 3.7%. En contraste está el gasto público considerado para infraestructura pública (inversión física) y el más importante para impulsar la economía y las inversiones, que es del 2.6% del PIB, el mismo nivel que en 2021.
Para 2024, año electoral, la deuda supera el monto de inversión propuesto “y eso violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque sólo la inversión justifica la deuda. Para pagar lo demás es necesario recaudar más”, considera Campos.
Desde la perspectiva de Moody’s, de no hacer adecuaciones precisas, el espacio fiscal de las siguientes administraciones seguirá reduciéndose.
El CIEP advierte que contemplando el techo de la deuda para 2024 de 1.9 billones de pesos, el pago de intereses puede incrementarse en años venideros, mientras que es necesaria una revisión al tema de las pensiones, pues existen grandes brechas entre los montos de un pensionado de la CFE o de Pemex: el gasto es 6.6 veces mayor que el de los pensionados del IMSS, además de que los apoyos por el programa insignia de Pensiones para Adultos Mayores beneficia mayormente a la población con más ingresos (decil 10).
“Es necesario realizar cambios profundos al sistema de pensiones para hacerlo más igualitario y con perspectiva de género, así como encontrar fuentes de financiamiento sostenibles. (...) De no hacer este y otros ajustes, quienes pagarán serán las generaciones más jóvenes y que, incluso, padecen ya menores gastos en educación, salud, gasto para los cuidados”, comenta la directora del CIEP.
