El Senado aprobó este jueves la reforma que permite al Infonavit construir, vender y rentar vivienda, pero sin despejar las dudas sobre la supervisión de la empresa filial y el uso del dinero y ahorro de los trabajadores.
Aunque se reconoce que el plan aborda la necesidad de vivienda en el país, expertos consultados por Expansión señalan que los cambios aprobados no resolverán el problema estructural.
“Veo positivo que el tema de vivienda sea una prioridad en la agenda legislativa. Impulsar y dinamizar la vivienda social es clave para atender una necesidad que el país necesita”, dijo Juan Carlos Hartasánchez, director de asuntos corporativos y política pública en Tuhabi.
“Para hacerlo, me parece que Infonavit es la institución que tiene mayor capacidad para generar un cambio real en el acceso a la vivienda”, añadió.
Para Carlos Martínez, exdirector general del Infonavit, “lo más revolucionario” de la reforma es la parte de la renta social.
“Eso es algo que no ha existido en el tema de vivienda y que va permitir desarrollar un sistema de rentas públicas. Eso existe en varios países, y más en los desarrollados, donde se establece como límite de cobro de 30% del salario, lo que da la oportunidad de que, lo que se paga, dé rente cada mes”.
“Si resulta que tu subcuenta de vivienda ya creció, y además con el crédito que te da el Infonavit lo puedo comprar, lo puedes hacer en cualquier momento; en el año uno o en el 10”, agregó.
La principal preocupación de lo aprobado por el Legislativo es la vigilancia a la operación de la empresa filial, que es la que se encargará de la construcción de vivienda.
El problema surge porque la construcción se va a hacer por parte de una empresa privada, de la cual será accionista el Infonavit.
“Esa empresa no puede ser auditada, supervisada y, de ninguna forma, regulada por la Auditoria Superior de la Federación, porque la ASF verifica la aplicación de recursos públicos; los recursos del Infonavit son privados, son de los trabajadores”, señaló Fernando Soto-Hay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil.
Para la revisión de la empresa filial, agregó, se pudo haber designado desde los estatutos de la empresa comités de auditoría, integrados por el gobierno, patrones y trabajadores- que revisen la ejecución de cada proyecto.
“La operación de la empresa de construcción va a representar riesgos, creo que todos -legisladores, derechohabientes y el mismo Infonavit- van a tener bastante control sobre lo que esté ocurriendo. Preocupa que no haya la supervisión que se necesite para que opere de la mejor forma”, apuntó Hartasánchez.
Habrá que esperar hasta que estén listas las reglas de operación para entender cómo quedará constituida la empresa filial, cuál será su mandato, así como las líneas de financiamiento. “Hay que echarles mucho ojo a esa reglas y entender cuál va a ser la supervisión del Infonavit, de los sectores empresariales y de los sindicatos sobre su operación”, agregó.
"Es crucial que cualquier cambio en esta institución preserve el equilibrio entre los intereses de los trabajadores, el gobierno y los empleadores. La transparencia en el manejo de los más de 2.4 billones de pesos que administra el Infonavit es esencial", apuntó en un comunicado Juan Carlos Zentella Gómez, integrante del Colegio de Urbanistas de México.
Carlos Martínez Velázquez, exdirector general del instituto, explicó cinco puntos:
En el balance financiero, el Infonavit tendrá ingresos por cuotas patronales, ingresos por créditos, ingresos por ventas y por las rentas que cobre la filial. “Todo eso se va a ver transparente en el estadio financiero”, aseguró el exdirector general.
Para Hartasánchez, Infonavit es “muy bueno” otorgando créditos a los derechohabientes. “El riesgo es encontrar el equilibrio entre expandir el acceso a la vivienda social, pero fortalecer el acceso al financiamiento, y que se puedan complementar sin descuidar ninguna”.
“El riesgo es que se invierta en la construcción y se pierda el enfoque (de otorgar crédito) y que eso tenga un detrimento muy fuerte no solo en el patrimonio de los derechohabientes, sino también en la capacidad de proveer ese financiamiento”, añadió.
El Artículo 41 Bis del dictamen aprobado establece que “la actividad de construcción es residual a la de crédito. Eso es muy importante, porque Infonavit primero suelta crédito y lo que te sobre es lo que vas a destinar a la construcción”, dijo Carlos Martínez.
“El Consejo de Administración aprobará anualmente el presupuesto de inversión en construcción, garantizando en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de crédito a las personas trabajadoras derechohabientes, conforme al programa de inversión habitacional que la Asamblea General apruebe en el plan financiero de cada año”, se lee en el Artículo 41 Bis.
Soto-Hay señaló que, al ofrecer las casas en venta y renta a precios que estén por debajo del valor de mercado, hay riesgo de que haya minusvalías en las subcuentas de vivienda de los trabajadores.
Martínez Velázquez dijo que, por ley, el Infonavit no puede entregar rendimientos que estén por debajo de la inflación, así que, mientras el instituto siga otorgando créditos e invirtiendo en valores que den algún retorno, “si mal te va, tu dinero no pierde valor porque tienes la inflación. Si al Infonavit le va bien, vas a tener la inflación más algo”.
Para Fernando Soto-Hay, el que se utilicen recursos privados para un fin público también hace ruido en la reforma al Infonavit.
Una pregunta que surge es cómo se construirá la vivienda. “¿Se hará a través de asociaciones con empresas? ¿Va a ser por subastas o por asignaciones directas?”, cuestionó.
Al interior del Infonavit se mantuvo el tripartito paritario, es decir, el sector obrero, patronal y el gobierno tendrán el mismo número de representantes. Sin embargo, preocupa que al director general lo designe el gobierno y el derecho de veto.
“Puede bloquear cualquier decisión que se tome en el consejo que es tripartita. Se convierte en una persona con un poder monumental para tomar las decisiones”.
La reforma “es un vehículo para, literalmente, apoderarse de enormes cantidades de dinero y utilizarla en forma irresponsable. Y el tiempo, desafortunadamente, nos dará la razón de que, técnicamente, lo que están haciendo es irresponsable, inviable, peligroso y le va a acabar costando a las subcuentas de vivienda de millones de trabajadores”, lamentó Soto-Hay.
“Las viviendas se van a construir sin una visión urbana, moderna, inteligente, integrada a las ciudades. El problema continúa, no se resuelve con la reforma. El problema de fondo es hacer una una política urbana de vivienda integral, desde el punto de vista del suelo interurbano y las necesidades de las ciudades en las zonas céntricas, y eso no existe”, añadió.
Para Juan Carlos Hartasánchez, con esta reforma se dejó pasar la oportunidad de modernizar y digitalizar al Infonavit y, con ello, volverlo más ágil y eficiente. “Ahí es donde veo una gran oportunidad que no se está atacando”, apuntó.
“Tengo la esperanza de que, con lo que está haciendo el gobierno con la lay de simplificación burocrática y digitalización, haya este acompañamiento” de modernización al instituto, agregó.
La reforma a la Ley del Infonavit contempla que los recursos del instituto y lo que administra, como el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se utlizarán para la construcción de las viviendas que realice el Instituto a través de la empresa filial.
El Infonavit ahora podrá rentar vivienda a los trabajadores, siempre y cuando cumplan con:
La Dirección General del Instituto proveerá lo “necesario” para poner a disposición del público, en forma periódica y a través de su página de internet, información “clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada” que permita conocer la situación financiera, administrativa, económica y los riesgo relacionados con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Se tendrá que proporcionar la misma información de la empresa filial, de sus proyectos de construcción y de proveedores contratados.
Con la reforma, se establece que la fiscalización del Infonavit estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y esta será competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y la administración del patrimonio del Instituto, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.
También se establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisará y vigilará que las operaciones del Instituto en materia crediticia se ajusten a las normas establecidas y se ordena que, en caso de incumplimiento del instituto, se establezcan “programas de autocorrección” y en su caso dar vista a la Contraloría General del Instituto del incumplimiento al programa.
En la Ley Federal del Trabajo se menciona que los abonos para cubrir los préstamos del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, destinado al arrendamiento social, adquisición, construcción, reparación o ampliación de la vivienda, no se deberán exceder el 20% de salario para préstamos y el 30% del salario para rentas.
