Un programa de deportación masiva generaría una fuerte disrupción en el mercado laboral de Estados Unidos, afectando especialmente a sectores que dependen de la mano de obra migrante.
Según un análisis de Oxford Economics, alrededor de 9 millones de inmigrantes no autorizados trabajan en el país, muchos de los cuales serían vulnerables a la deportación si esta se implementara a gran escala.
Además, se prevé que para 2027 el número de migrantes que ingresan al país se reduzca en 800,000 por año, debido a políticas más estrictas contra los solicitantes de asilo. Esta combinación de deportaciones y disminución en los flujos migratorios impactaría directamente a industrias que dependen en gran medida de trabajadores nacidos en el extranjero que no son ciudadanos.
Datos de la Oficina del Censo revelan que en 15 de las 50 categorías de empleo con mayor cantidad de trabajadores, los empleados extranjeros representan una parte significativa de la fuerza laboral.
Entre estas industrias se encuentran la construcción, los restaurantes y bares, el diseño de sistemas informáticos, la educación en colegios y universidades, el paisajismo, la producción agrícola, el transporte por camión, la hotelería, la reparación de automóviles, el almacenamiento y depósito, la atención médica domiciliaria, los servicios postales, el empleo temporal y la investigación científica.
En 2023, aproximadamente 6.5 millones de trabajadores no ciudadanos estaban empleados en estas 15 industrias, con la construcción y la hostelería (restaurantes y bares) representando 3.2 millones de ellos.
De este total, se estima que 4 millones no cuentan con autorización para permanecer en el país, lo que resalta la magnitud del impacto que una deportación masiva podría tener en estos sectores clave.
El informe de Nancy Vanden Houten, economista principal de Estados Unidos en Oxford Economics, advierte que los empleadores de sectores clave como la construcción, el ocio, la hostelería y la agricultura podrían verse obligados a aumentar los salarios para atraer trabajadores. Este ajuste salarial generaría una presión adicional sobre la inflación, afectando especialmente los precios de la vivienda y los alimentos.
Además, 10 estados dependen en mayor medida de trabajadores no ciudadanos, superando el promedio nacional del 8.6% de la fuerza laboral. California, Nueva Jersey y Texas son los más afectados, seguidos de Florida y Nueva York.
El término "no autorizado" puede ser engañoso, ya que no solo abarca a quienes ingresan o permanecen ilegalmente en Estados Unidos, sino también a aquellos con protección temporal bajo diversos programas.
Una de las órdenes ejecutivas de la administración de Trump elimina el programa CHNV, que otorga protección a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Más de 500,000 personas están amparadas bajo este programa. Aunque la orden no especificó si solo evitaría nuevas admisiones, informes recientes sugieren que quienes ya están protegidos podrían ser blanco de deportaciones.
Las órdenes ejecutivas también ordenan una revisión del Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a personas de países afectados por conflictos o desastres naturales permanecer en Estados Unidos temporalmente. Actualmente, más de 800,000 personas tienen este estatus. Si bien su deportación no parece inminente, corren el riesgo de ser expulsadas una vez que expiren sus permisos.
Por otro lado, más de 500,000 personas están protegidas bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Aunque los beneficiarios no han sido mencionados explícitamente en las órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración, su situación sigue siendo incierta y también pueden enfrentar deportaciones en el futuro.
