El anuncio llega en un momento estratégico. El segundo semestre de 2025 marcará el inicio del proceso de evaluación formal del T-MEC en los tres países. En Washington, la ley exige una consulta pública entre finales de septiembre y principios de octubre. México se prepara para una revisión paralela, que incluirá tanto análisis técnicos como mesas conjuntas con el Senado. Los resultados de esas discusiones definirán el tono de una renegociación potencial o, en el peor de los casos, el desenlace de un desacuerdo estructural.
El acuerdo arancelario automotriz publicado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos representa, en palabras de Ebrard, una de las principales metas alcanzadas tras meses de negociaciones bilaterales. “Ya podrán ustedes imaginarse lo que ocurriría sin eso”, advirtió el secretario.
El decreto no solo reconoce los componentes estadounidenses en la fabricación de vehículos regionales, sino que incorpora el ensamblaje como parte del proceso productivo que da derecho a los beneficios arancelarios. Esto es clave para México, cuyo ecosistema automotriz integra múltiples cadenas de valor con alto contenido regional.
El contexto no es menor. Desde su campaña, el expresidente Donald Trump —y ahora candidato nuevamente— ha insistido en imponer aranceles de 25% a productos importados, incluidos vehículos ensamblados fuera de Estados Unidos. En 2019, esa amenaza desató un periodo de incertidumbre que solo se disipó con la firma del T-MEC. Hoy, con una nueva revisión a la vista y tensiones geopolíticas renovadas, México busca reforzar su posición sin romper la baraja.
De acuerdo con lo publicado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, si se impusiera un arancel de 25% a todos los autos de Canadá y México, el golpe sería multimillonario: solo en 2024, más de 3.7 millones de vehículos cruzaron la frontera bajo las reglas del T-MEC, con un valor comercial cercano a los 101,750 millones de dólares. Aplicar ese impuesto a todo el valor de los vehículos implicaría ingresos arancelarios de aproximadamente 25,400 millones de dólares anuales.
Sin embargo, no todos los autos serán igualmente afectados. El T-MEC establece que, para gozar de libre comercio, los vehículos deben tener al menos un 75% de contenido regional. Según cálculos del gobierno estadounidense, un auto promedio que cumple con esta norma tiene un 40% de sus componentes fabricados en Estados Unidos.
Bajo este supuesto, alrededor de 61,100 millones de dólares del valor total de las importaciones seguirían sujetos al arancel por tratarse de contenido no estadounidense. Eso se traduciría en un pago arancelario de 15 mil 200 millones de dólares anuales.
Pero si los fabricantes solicitan y obtienen autorización para beneficiarse del T-MEC, ese costo bajaría, los importadores se ahorrarían cerca de 10,200 millones de dólares al año. Esos ahorros, considerados como transferencias fiscales, no solo benefician a las armadoras; también buscan empujarlas a producir más dentro de Estados Unidos, indica el documento.
Según Ebrard, el nuevo esquema de trato preferencial parte del reconocimiento de una realidad: la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá es hoy más profunda que nunca. “La principal fuerza de esta estrategia es nuestra propia interdependencia”, afirmó. El secretario también destacó la creciente frecuencia de contactos entre los mandatarios de ambos países, algo que, según su experiencia como excanciller, no tenía precedentes.
La estrategia de México, respaldada por una interlocución directa de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, busca preservar el núcleo del tratado sin rehuir los ajustes que Washington considera necesarios. Temas como el acero, el aluminio, el tomate y el ganado aún figuran en la agenda de fricciones. Pero el esfuerzo de anticiparse, de colocar sobre la mesa propuestas que permitan evitar choques frontales, parece rendir frutos.
