Un fallo unánime, un mensaje directo
La defensa de Trump no titubea. El expresidente apeló el fallo ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que otorgó una suspensión temporal . Mientras tanto, los aranceles siguen en vigor, como si nada hubiese pasado. Pero la pausa tiene fecha de caducidad. El tribunal fijó el 5 de junio para que los demandantes respondan y el 9 para que lo haga el gobierno.
Ilya Somin, profesor de Derecho en la Universidad George Mason y coabogado del caso de las cinco pequeñas empresas que ganaron, confía en que la apelación no resistirá mucho tiempo. “Este proceso no tomará meses, bastará con un par de semanas”, afirmó. Si la corte confirma el fallo, los aranceles deberán desaparecer. Incluso obligarían al gobierno a devolver millones de dólares cobrados indebidamente.
El tribunal recordó que la IEEPA fue diseñada para enfrentar amenazas extraordinarias, no para manipular el comercio internacional como si fuera una palanca política. Trump la usó para justificar medidas contra el déficit comercial y el tráfico de fentanilo, pero ninguna amenaza se vinculó con precisión a los aranceles aplicados.
El fallo se dio por unanimidad. Lo firmaron tres jueces: Gary Katzmann, nominado por Obama; Jane Restani, por Reagan; y Timothy Reif, designado por el propio Trump. Que uno de los suyos haya votado en contra desnuda la fragilidad legal del argumento presidencial.
Reif no viene de la Sociedad Federalista, pero formó parte del equipo de Robert Lighthizer, el arquitecto comercial de la era Trump. Si alguien conocía la maquinaria arancelaria, era él. Y aun así, votó para desmontarla.
Los 12 estados respaldan la cruzada legal son: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Vermont y, por supuesto, Oregón, que la encabeza. Unidos, defienden no solo a sus negocios locales, también a sus votantes. Según estimaciones del fiscal Rayfield, los aranceles de Trump le cuestan al estadounidense promedio 3,800 dólares al año.
California tampoco se rinde. El estado con la economía más grande de Estados Unidos presentó su propia demanda. El gobernador Gavin Newsom acusa al presidente Trump de ser incapaz de proporcionar una justificación estable para sus aranceles caóticos e ilegales, y eso ha significado impactos devastadores para innumerables pequeñas empresas.
Mientras los tribunales deliberan, expertos coinciden en que Trump ya baraja alternativas. Puede usar la Sección 301 para imponer aranceles con base en prácticas desleales de comercio. De hecho, hace poco la Oficina del Represente Comercial presentó un documento, en el cual se señalan una serie de barreras que tienen más de 50 países en contra de Estados Unidos. Se incluye a México , Canadá, China, la Unión Europea, India, Japón. Prácticamente a todos los países a los que ahora señala mediante la IEEPA.
También puede desempolvar la Sección 338, una reliquia de los años 30. Incluso tiene la posibilidad de ampliar el uso de la Sección 232, pensada para proteger la seguridad nacional. Peter Navarro, consejero de Trump, ya lo dejó claro: los aranceles seguirán.
Pero la batalla legal marca un parteaguas. Si triunfa la apelación, Trump afianzará una vía para imponer aranceles sin Congreso. Si fracasa, se le cerrará la puerta a una política económica unilateral. Pero opciones tiene.
