Tres instituciones financieras mexicanas; Vector, CI Banco e Intercam fueron acusadas por Estados Unidos de lavar dinero para cárteles ligados al fentanilo. La intervención del gobierno mexicano fue inmediata, pero el impacto va más allá.
¿Qué riesgos enfrentan los usuarios y qué implicaciones tiene para el sistema financiero del país? Aquí te lo explicamos.
El 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes señalando a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “preocupación principal” por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo
Esta acción se ampara en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, también conocida como FEND Off Fentanyl.
Según el Departamento del Tesoro:
Entre 2021 y 2024, CI Banco habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos hacia empresas chinas relacionadas con precursores químicos
También señala que Intercam tuvo reuniones en 2022 con presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para esquemas de lavado de dinero.
Y afirma que Vector tuvo operaciones relacionadas con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, incluyendo compra de precursores, entre 2013 y 2021.
Para entender el alcance de este caso, vale la pena trazar una línea del tiempo:
Bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos anuncia su intención de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Aunque la medida no prosperó oficialmente, marcó el inicio de una postura más agresiva.
Se aprueba la FEND Off Fentanyl Act, dotando al Tesoro de facultades para sancionar a instituciones financieras que colaboren con redes de narcotráfico.
El presidente Donald Trump firma la Orden Ejecutiva 14157, "Designating Cartels and Other Organizations as FTOs and SDGTs", abriendo la puerta legal para clasificar a cárteles como terroristas
El Departamento de Estado de Estados Unidos designa oficialmente a seis cárteles mexicanos —Sinaloa, CJNG, Cartel del Norte, del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos— como Foreign Terrorist Organizations y Specially Designated Global Terrorists, efectiva desde esta fecha
FinCEN —la oficina del Tesoro que combate delitos financieros— emite sanciones contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Afirma que estas entidades facilitaron operaciones a los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación.
La CNBV ordena intervención gerencial de las tres instituciones señaladas. Además, HR Ratings bajó las calificaciones crediticias de Intercam y CI Banco.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, asegura que los ahorros de los clientes están resguardados y el sistema permanece estable, tras las intervenciones de la CNBV. Y señala que estos bancos son muy pequeños y que representan el 1% del total de depósitos del sistema bancario.
Para este punto, las tres instituciones ya negaron y rechazaron las acusaciones. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exigió pruebas al Tesoro, mismas que, según la dependencia, no han sido entregadas. No obstante, se comprometió a colaborar conforme a lo que dicta la ley.
Algunos expertos aseguran que estas acusaciones, aunque están acotadas a bancos de pequeña escala, pegarán en la reputación del sistema financiero nacional. Esto implicaría, además, la posibilidad de multas millonarias y la imposibilidad de acceder a recursos denominados en dólares. Eventualmente, esto podría llevar a una quiebra técnica.
Pero más allá de los números, lo relevante es lo simbólico: es la primera vez que el Tesoro estadounidense acusa formalmente a bancos mexicanos de colaborar con el crimen organizado en una red internacional de tráfico de drogas.
El señalamiento puede repercutir en la percepción internacional sobre México, su sistema bancario y su capacidad de supervisión.
Muchos se preguntan si deben preocuparse como usuarios, ahorradores o inversionistas. La respuesta corta: sí, aunque no por pánico, sino por prevención.
Tras las sanciones, la CNBV anunció la intervención gerencial de las tres instituciones señaladas.
Es decir, colocó personal supervisor dentro de ellas, sin suspender sus operaciones, para garantizar que los recursos de los clientes estén protegidos.
El propio secretario de Hacienda aseguró que “los ahorros están seguros” y que no hay motivo de alarma para los cuentahabientes.
Sin embargo, eso no significa que no habrá efectos. Las sanciones del Tesoro estadounidense obligan a cualquier banco o institución norteamericana a cortar lazos con estas entidades mexicanas.
Esto puede traducirse en restricciones para hacer transferencias internacionales, recibir financiamiento, o incluso en una fuga de clientes que teman por su dinero.
Si ocurriera un colapso, cosa que hoy no está sobre la mesa, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza depósitos por hasta 400,000 UDIS, equivalentes a aproximadamente 3.4 millones de pesos.
Además, en eventos pasados similares a este caso, las investigaciones han llevado a reformas en torno a las legislaciones y regulaciones del sistema financiero. Lo cual afecta a bancos, inversionistas y ahorradores.
Lo más probable es que las instituciones señaladas enfrenten un periodo de escrutinio intenso, tanto de autoridades mexicanas como internacionales. Podrían perder relaciones con bancos corresponsales, frenar sus operaciones globales y enfrentar multas.
De hecho, se estima que la investigación gerencial temporal de Vector, Intercam y CIBanco será un proceso complejo que podría durar hasta un año.
En 2012, HSBC fue acusado por el Departamento del Tesoro de haber lavado al menos 881 millones de dólares relacionados con cárteles mexicanos. Y, al final, fue obligado a pagar una multa de 1,920 milloness.
Como consecuencia, en Reino Unido, la FCA (Financial Conduct Authority) endureció los requisitos de cumplimiento bancario, sobre todo en temas de "correspondent banking"
En 2014, este banco francés fue hallado culpable de violar sanciones de Estados Unidos al realizar transacciones con Sudán, Irán y Cuba, países designados como patrocinadores del terrorismo. Y fue obligado a pagar 8,900 millones de dólares y se le prohibió operar ciertas funciones en dólares durante un año.
Otros casos han sido los de Standard Chartered, en el Reino Unido, y el Jammal Trust Bank (2019). Este último fue acusado de facilitar operaciones financieras para Hezbollah, un grupo considerado terrorista.
Al ser incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, se le cerraron las vías de financiamiento y operación internacional, además, los clientes buscaron retirar masivamente sus fondos, generando una corrida bancaria. El Banco del Líbano ordenó su liquidación voluntaria en septiembre de 2019.
