Pero desde el gobierno hay un incentivo mayor. Entre enero y agosto de 2025, la recaudación aduanera alcanzó 953,754 millones de pesos, una cifra 18.6% mayor en términos reales respecto a la del mismo periodo del año anterior, según datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Los ingresos mantienen una tendencia creciente en los últimos años.
La iniciativa abarca más de 100 artículos entre modificaciones y adiciones. Endurece regulaciones para agentes aduanales, crea un Consejo Aduanero, amplía obligaciones para importadores y maquiladoras y restringe la reinstalación de la certificación Operador Económico Autorizado (OEA) a empresas sancionadas. Introduce nuevas causales de embargo precautorio y eleva multas a niveles inéditos.
Para empresas de mensajería y paquetería incorpora un esquema simplificado que busca cerrar espacios a la subvaluación y al fraccionamiento en el comercio electrónico.
Las preocupaciones
Zaira Padilla, presidenta de la Asociación de Recintos Fiscalizados Estratégicos, reconoció que modernizar procesos es necesario, pero advirtió que los cambios al artículo 86A obligarán a pagar impuestos antes de que la mercancía cruce y luego hacerlo otra vez al definir su régimen. Después habrá que solicitar devoluciones.
Además, el artículo 135B genera incertidumbre al insinuar que las operaciones de transformación dentro de recintos pagarían impuestos, lo que elimina la esencia de estos esquemas diseñados para atraer inversión.
“Esto representa un doble impacto en el flujo de efectivo de las empresas, lo que desincentiva la inversión y elimina de facto la razón de ser del esquema de Recinto Fiscalizado Estratégico, cuyo objetivo es precisamente facilitar el comercio exterior. Con estos cambios, México se autolimita ante sus socios comerciales al imponer cargas financieras adicionales que otros países no exigen, lo que resta competitividad frente a destinos que sí ofrecen incentivos claros para la atracción de inversiones”.
María Elena Carrillo, de la Asociación de Mujeres Aduaneras, cuestionó las sanciones que llegarán a 300% del valor de las mercancías. Recordó que la Constitución prohíbe castigos excesivos. Indica que deben existir reglas claras que permitan aplicar estímulos fiscales proporcionales.
“La finalidad de las sanciones administrativas debe ser correctiva y preventiva, nunca confiscatoria. Sin embargo, las multas que se plantean en la reforma con porcentajes que van entre 250 y 300% del valor de las mercancías, pueden resultar ser confiscatorias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas”.
Eduardo Díaz Gavito, de la Cámara de Comercio Internacional, sostuvo que inmovilizar capital por un año perjudica a importadores legítimos y coincide en que multas de 300% violan principios de proporcionalidad establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Consideró que la sobrerregulación no combate el contrabando y solo eleva costos.
Desde la Confederación de Agentes Aduanales, se destacó que casi 77% de las importaciones mexicanas corresponde a insumos productivos. Alertó que el artículo 54 determinó que los agentes aduanales serán responsables de la exactitud de toda la información que presenten, del cálculo correcto de impuestos y de la aplicación adecuada del régimen aduanero.
Esa decisión encarecerá operaciones, duplicará controles y multiplicará litigios. Advirtió que sectores como el químico, farmacéutico y agroindustrial resultarán especialmente vulnerables por la complejidad técnica de sus mercancías.
Octavio de la Torre, presidente de Concanaco-Servytur, criticó elevar el embargo precautorio por etiquetado de 2 a 250% porque, dijo, fomenta corrupción y genera retrasos de hasta cuatro meses en la liberación de mercancías.
“México depende de las cadenas globales, de las cadenas de suministros. Siete de cada 10 operaciones son de insumos y materias primas. Por eso, si nosotros aumentamos los tiempos y los costos, vamos a tener un impacto directo en materia de industria, de logística, de comercio, de servicios, en ajustes de turnos, en retrasos de entregas e incluso en pedidos que se tienen que mover a otros países”.
La reforma también impacta al sector maquilador, que representa 62% de las exportaciones y 3.3 millones de empleos directos. Francisco Javier Ortiz, de Index, advirtió que la reforma puede frenar cadenas de valor basadas en transferencias virtuales, que representan 30% de sus importaciones. Además, cuestionaron la posibilidad de que sanciones menores, como un error administrativo, dejen fuera a empresas certificadas, reduciendo la competitividad justo en un momento en que México busca consolidar el nearshoring.
Pocos logros
Durante el dictamen, la Comisión de Hacienda introdujo cambios menores. Durante el proceso legislativo se realizaron reuniones con autoridades, empresarios y representantes sociales, sin que ello derivara en cambios sustanciales al texto.
Entre los ajustes más relevantes destaca la ampliación de la vigencia de las patentes de agentes aduanales y de las autorizaciones de agencias de 10 a 20 años, prorrogables por un plazo igual. Con ello se busca dar mayor certeza a las inversiones realizadas en infraestructura y capacitación.
También se modificó el plazo de certificación para los agentes aduanales: en lugar de renovarla cada dos años, ahora deberán hacerlo cada tres. La medida pretende mantener estándares profesionales sin imponer mayores cargas administrativas. Otro cambio puntual permite que las garantías por contribuciones y cuotas compensatorias puedan realizarse mediante cartas de crédito, además de los depósitos en cuentas aduaneras. Esta opción busca dar liquidez a las empresas importadoras.
En los artículos transitorios, se aclaró que la nueva vigencia de 20 años aplicará también a las patentes y autorizaciones ya existentes
En el papel, el gobierno plantea reforzar controles, combatir evasión y aumentar ingresos fiscales. En la práctica, los empresarios ven reglas rígidas que pueden entorpecer operaciones, encarecer procesos y enfriar inversiones. La discusión pasará ahora al Senado, donde esperan ajustes que equilibren el control fiscal con la competitividad.
