Detrás de esas prácticas hay métodos claros, en los cuales las autoridades detectaron operaciones en las que se declaraba aceite mineral de petróleo cuando en realidad se trataba de gasolina o diésel, irregularidades visibles desde los manifiestos ferroviarios. También encontraron empresas que solo reportaban una fracción del volumen real. En algunos casos declaraban 100, 000 litros de combustible cuando eran 200 millones, con lo que evadían impuestos de manera sistemática.
La Fiscalía General de la República también dejó al descubierto la existencia de un entramado que involucra al menos 555 empresas y ocho puertos estratégicos del país. Un análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal identificó operaciones en Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán.
En estas terminales marítimas se tejió una red compleja que aprovechó vacíos legales y complicidades para introducir combustibles de forma ilegal. Los expedientes de vinculación a proceso de varios detenidos detallan cómo estos puntos se convirtieron en nodos neurálgicos del llamado huachicol fiscal. A través de empresas fachada y documentos manipulados, el combustible cruzaba los controles sin mayor obstáculo.
El negocio que se traslada a EU
El contrabando no se limita al territorio mexicano. En los cruces de la frontera suroeste de Estados Unidos, los cárteles encontraron una veta aún más rentable. La alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reveló cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el del Golfo convirtieron el robo de crudo en un negocio transnacional. Con complicidad de empleados corruptos del gobierno y Pemex, agentes aduanales y operadores logísticos.
El petróleo robado de instalaciones de Pemex viajaba en pipas hacia Tamaulipas, donde se disfrazaba como aceite de desecho para cruzar los puentes internacionales.
En las aduanas, los papeles parecían en regla. El combustible pasaba con documentación falsa, se descargaba en patios improvisados con tanques móviles en Texas y se vendía como si fuera West Texas Intermediate, el crudo de referencia en los mercados internacionales. Para blanquearlo, empresas estadounidenses emitían facturas ficticias y transferencias hacia compañías fachada en México, que distribuían las ganancias entre los cárteles. Un embarque podía generar hasta cinco millones de dólares.
La frontera se transformó en el corazón de un negocio que involucraba a agentes aduanales, empresas pantalla y redes financieras en varios países. Los cárteles cobraan cuotas por cada pipa que cruzaba y controlaban los corredores estratégicos de Tamaulipas y Texas.
Desde el sector aduanal se busca marcar distancia con las prácticas ilegales que dominan la conversación pública. La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) reconoce que los casos más visibles se concentran en aduanas marítimas y fronterizas, sobre todo en temas como el huachicol fiscal, pero sostiene que la apuesta del gobierno y del gremio es fortalecer el andamiaje logístico y aduanero en todo el país para impulsar las actividades comerciales y mantener el crecimiento económico.
Las voces expertas advierten que esta lucha es profunda. José Carlos Rodríguez Pueblita, del IPADE, explica en un análisis de The Dialogue, que el problema mutó de tomas clandestinas hacia esquemas fiscales y marítimos más complejos, con pérdidas de 24 millones de dólares diarios.
La dimensión fiscal del huachicol es abrumadora. Legisladores calcularon pérdidas por 177, 000 millones de pesos en un solo año y cerca de 600,000 millones en el sexenio anterior. Para frenar este saqueo, en 2021 se modificaron artículos clave del Código Fiscal de la Federación. La intención fue cerrar vacíos legales y atacar las rutas más usadas para introducir combustibles de forma ilegal. A partir de estas reformas, el gobierno fortaleció sus herramientas legales y tecnológicas para enfrentar un fenómeno que había echado raíces en la descoordinación institucional.
La estrategia actual tiene un componente nuevo, ya que un grupo encabezado por la Secretaría de Energía y conformado por el SAT, la Secretaría de Marina, el Ejército, Profeco, la ASEA y la Agencia Nacional de Aduanas se reúne cada semana para seguir la pista de cada litro que entra al país. Se construye una plataforma tecnológica para rastrear pipas y embarcaciones desde su punto de entrada hasta las gasolineras. El objetivo es detectar excedentes sin origen comprobado y cortar de raíz las rutas del contrabando.
La Procuraduría Fiscal ha presentado 109 querellas en dos años por casos relacionados con huachicol y contrabando de combustibles. En paralelo, la reforma a la Ley Aduanera elimina patentes vitalicias, introduce certificaciones periódicas y crea un Consejo Aduanero que busca limitar la discrecionalidad y cerrar espacios a la corrupción. Con estas medidas, las autoridades intentan desarticular la estructura que durante años operó con ventajas y vacíos legales a su favor.
