La agencia mantiene la calificación del país en Baa2 con perspectiva negativa, y señala que los episodios de violencia derivados de operativos contra grupos criminales pueden elevar la incertidumbre social y presionar el entorno operativo para empresas e inversionistas.
Tras la operación militar, diversas regiones registraron bloqueos carreteros e incendios de vehículos como reacción del cártel. Moody’s considera que estos eventos tendrán efectos económicos limitados, siempre que permanezcan localizados y no alcancen zonas clave para la actividad manufacturera, industrial o turística.
El verdadero desafío, según el análisis, radica en el impacto estructural de la inseguridad. La violencia incrementa costos para las empresas, desde gastos en protección hasta pagos por extorsión, además de debilitar instituciones mediante corrupción y financiamiento ilícito. Ese entorno actúa como un freno para el crecimiento económico de largo plazo.
Moody’s también alerta sobre un nuevo riesgo emergente. La difusión de desinformación mediante contenidos generados con Inteligencia Artificial durante episodios de violencia puede amplificar la percepción de caos, elevar la ansiedad social y complicar la comunicación gubernamental en momentos de crisis.
El reporte destaca un cambio relevante frente al sexenio anterior. La presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una estrategia más directa contra los cárteles, con mayor cooperación e intercambio de inteligencia con Estados Unidos. Este giro ocurre en un contexto en el que la administración de Donald Trump intensificó la presión regional tras designar a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.
Para Moody’s, esta combinación eleva la probabilidad de tensiones bilaterales e incluso escenarios de mayor involucramiento estadounidense en materia de seguridad, un factor sensible rumbo a la revisión del T-MEC en 2026 y a la organización del Mundial de Futbol que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.
En el frente fiscal, la calificadora advierte que un repunte sostenido de la violencia podría obligar al gobierno a aumentar el gasto en seguridad, lo que limitaría los esfuerzos de consolidación de las finanzas públicas.
Aun así, el análisis subraya que avances duraderos en seguridad tendrían un efecto positivo sobre la calidad crediticia del país al mejorar el clima de inversión, reducir costos empresariales y fortalecer la capacidad institucional.
