Los cambios aplicados y recién aprobados a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria representan avances para el financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura en México, pero también figuran riesgos para sus finanzas.
La semana pasada, el Senado aprobó reformas a esta Ley, mismas que complementan disposiciones contenidas en la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, ambos instrumentos buscan la participación del sector privado con el sector público para el desarrollo e inversión en infraestructura.
Entre los cambios a la Ley de Presupuesto destacan proyecciones obligatorias a cinco años para los compromisos de gasto. El arranque de procedimientos de contratación estratégica, aun sin contar con la suficiencia presupuestaria definitiva, cuando se trate de proyectos de infraestructura prioritarios.
Para el cálculo del equilibrio presupuestario (gasto menos ingresos) quitan el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex). Es decir que, los ingresos públicos tienen que ser igual al gasto, pero sin considerar el gasto de inversión de la empresa pública, explicó Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa.
También, aunque no se relaciona con el fomento a la inversión, se establece que el gasto destinado a programas sociales no esté sujeto al crecimiento económico. Así como los servicios personales de educación, salud y seguridad pública.
