La administración de Donald Trump volvió a cambiar el fundamento jurídico de sus aranceles generalizados, pero la nueva vía podría enfrentar el mismo desenlace que sus intentos anteriores: ser anulada por los tribunales.
Un análisis del Instituto Peterson para Economía Internacional (PIIE) considera poco probable que los aranceles impuestos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, con el argumento de combatir el trabajo forzoso, sobrevivan a una impugnación judicial.
Para Alan Wm. Wolff, investigador del PIIE y exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Congreso no otorgó al presidente facultades suficientemente amplias para imponer aranceles generales sobre prácticamente todas las importaciones estadounidenses. La Constitución, sostiene, reserva esa atribución al Poder Legislativo.
También subraya una aparente contradicción, ya que el gobierno de Trump busca justificar los nuevos aranceles con el combate al trabajo forzoso, Estados Unidos no ha ratificado ni el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 ni el Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumentos internacionales que obligan a los Estados firmantes a prevenir esa práctica, proteger a las víctimas y facilitar mecanismos de reparación.
La nueva estrategia representa el tercer intento de la Casa Blanca por mantener un muro arancelario de alcance global.
Trump recurrió primero a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la misma que utilizó para imponer aranceles a México, Canadá y China por migración y tráfico de fentanilo, y posteriormente para aplicar en abril de 2025 los llamados aranceles del "Día de la Liberación". La Corte Suprema anuló ese uso de la ley en febrero de 2026.
Después, la administración aplicó un gravamen temporal de 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con el argumento de atender un problema de balanza de pagos. Sin embargo, esa disposición limita la medida a un máximo de 150 días y los aranceles vencieron el 24 de julio.
Antes de que expiraran, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) preparó una tercera vía: la Sección 301, que permite responder a actos, políticas o prácticas extranjeras que sean injustificables, discriminatorias o que perjudiquen al comercio estadounidense.
La medida contempla aranceles de 10% o 12.5% sobre productos de 60 economías, cuyos gobiernos, según Washington, no impedían de forma efectiva la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. Aunque incluyó exenciones que cubren cerca de la mitad de las importaciones procedentes de los países afectados, además de tratamientos especiales para mercancías vinculadas con el T-MEC.
El alcance económico de estos nuevos gravámenes puede dimensionarse con las estimaciones del Tax Policy Center (TPC).
El centro calcula que los aranceles definitivos de la Sección 301 relacionados con el trabajo forzoso generarán aproximadamente 581,000 millones de dólares de ingresos fiscales entre 2026 y 2036. Esa cantidad corresponde únicamente a esta nueva ronda de gravámenes, no al conjunto de la política arancelaria de Trump.
Por separado, el TPC estima que todos los aranceles incluidos en su modelo recaudarán alrededor de 1.7 billones de dólares durante el mismo periodo. Este monto incorpora no solo los aranceles por trabajo forzoso, sino también otros gravámenes sectoriales, nacionales y comerciales que permanecen vigentes o fueron anunciados por la administración.
Así, los 581,000 millones asociados a la Sección 301 representarían cerca de una tercera parte de los 1.7 billones de dólares que generaría el conjunto de la estrategia arancelaria entre 2026 y 2036.
El TPC también estima que el conjunto de la política arancelaria recaudará 179,000 millones de dólares solo durante 2026. Esta cifra tampoco corresponde exclusivamente a los nuevos aranceles de la Sección 301, sino a todos los gravámenes incluidos en su estimación para ese año.
La recaudación disminuiría de manera gradual durante la siguiente década porque el modelo supone que las empresas y los consumidores estadounidenses buscarán sustituir productos sujetos a aranceles elevados por mercancías con menores gravámenes o por proveedores alternativos.
Además de elevar los ingresos públicos, la política comercial tendría efectos sobre los hogares. El TPC calcula que los aranceles anunciados por la administración impondrán durante 2026 una carga promedio de alrededor de 920 dólares por hogar o unidad tributaria estadounidense.
El PIIE también cuestiona la eficacia económica de utilizar aranceles generales para combatir el trabajo forzoso.
El análisis cita investigaciones de la Reserva Federal de Nueva York según las cuales cerca de 90% del costo de los aranceles es absorbido por empresas y consumidores estadounidenses, en lugar de ser pagado por los países exportadores.
Wolff señala que Estados Unidos ya prohíbe desde 1930 el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso y que la Sección 301 permite responder a este tipo de prácticas. Sin embargo, sostiene que esa disposición nunca se había utilizado para imponer sanciones secundarias de alcance casi global.
También cuestiona que los países hayan sido agrupados en pocas categorías para aplicar tasas uniformes de 10% o 12.5%. Si el propósito central fuera modificar el comportamiento de los gobiernos, argumenta, las medidas deberían reflejar diferencias relevantes en sus leyes, acciones y resultados contra el trabajo forzoso.
El escenario judicial previsto comenzó a tomar forma apenas un día después de la entrada en vigor de los gravámenes.
El Liberty Justice Center presentó el 24 de julio una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional en representación de dos pequeñas empresas: Burlap & Barrel, un minorista de especias de Nueva York, y Collective Horology, un distribuidor de relojes con sede en California. La organización sostiene que el USTR no cumplió los requisitos establecidos por el Congreso antes de imponer los nuevos aranceles.
Para los expertos, el caso volverá a poner a prueba el límite de las facultades presidenciales en materia comercial. La pregunta central no será si Estados Unidos puede combatir el trabajo forzoso, sino si la administración puede utilizar ese objetivo para reconstruir, bajo una tercera disposición legal, una política de aranceles prácticamente globales.
