La ley no fue creada para imponer aranceles a medio mundo
El segundo argumento cuestiona la forma en que la Casa Blanca utilizó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Esta disposición fue diseñada para responder a prácticas comerciales desleales de un país determinado después de una investigación específica. Sin embargo, los demandantes sostienen que la administración la utilizó para construir un esquema que alcanza a unas 60 economías, algo que consideran sin precedentes.
También alegan que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) no siguió de manera adecuada el procedimiento previsto por la ley. Afirman que no respondió suficientemente a los comentarios recibidos durante la consulta pública ni explicó por qué países con circunstancias tan distintas terminaron dentro de un mismo esquema arancelario.
Por ello, los tribunales tendrán que responder una pregunta clave: ¿la Sección 301 permite imponer medidas de este alcance o solo puede utilizarse para responder a casos concretos de comercio desleal?
¿El trabajo forzoso fue la razón o el pretexto?
El tercer argumento es el más político y también uno de los más delicados.
Las demandas sostienen que la investigación sobre trabajo forzoso fue utilizada para mantener viva la política arancelaria de Donald Trump después de que los tribunales invalidaran otras herramientas legales.
Como ejemplo, señalan que los nuevos aranceles comenzaron a aplicarse justo cuando expiraron las tarifas impuestas bajo la Sección 122. También destacan que la investigación avanzó en un tiempo inusualmente corto y recuerdan que tanto Trump como otros funcionarios habían anticipado públicamente que recurrirían a la Sección 301 para preservar su estrategia comercial tras la caída de los aranceles sustentados en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
Con esos elementos, los demandantes buscan convencer a los jueces de que el verdadero objetivo no era combatir el trabajo forzoso, sino encontrar un nuevo fundamento jurídico para mantener los aranceles.
Estos argumentos aparecen en las dos demandas presentadas hasta ahora. La primera fue promovida por las empresas estadounidenses Burlap & Barrel y Collective Horology, representadas por el Liberty Justice Center, que sostienen que el presidente excedió las facultades que le otorga la ley. La segunda fue presentada por una coalición de 25 estados, que acusa a la administración de utilizar el combate al trabajo forzoso como argumento para reinstalar una política arancelaria que anteriormente ya había sido frenada por los tribunales.
Para Jacob Jensen, pasarán semanas o incluso meses antes de que los tribunales empiecen a dar señales claras sobre el futuro de los aranceles por trabajo forzoso. Mientras tanto, la administración de Donald Trump podrá seguir aplicándolos y recaudando miles de millones de dólares por ese concepto.
El especialista considera que el conflicto tampoco terminará con este caso. La Casa Blanca ya abrió otras investigaciones bajo la Sección 301, entre ellas la relacionada con el supuesto exceso de capacidad manufacturera de más de una docena de socios comerciales, un proceso que también podría derivar en nuevos aranceles y, eventualmente, en nuevas impugnaciones judiciales.
La disputa no solo definirá el futuro de los gravámenes por trabajo forzoso. También sentará un precedente sobre hasta dónde puede llegar un presidente estadounidense al utilizar la Sección 301 para rediseñar la política comercial del país. En su opinión, la complejidad del caso hace probable que el litigio termine en la Corte Suprema.
