Para el próximo año, los impuestos que pagarán los mexicanos por consumir bienes y servicios aportarán la gran mayoría del dinero público para proveer a la población de bienes y servicios, como infraestructura, salud, educación y seguridad. Lo que significará una mayor presión para el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero también incentivos para el pago y la regularización voluntaria.
Los impuestos financiarán 70% del gasto público en 2027, un máximo desde 1990
La caída de los ingresos petroleros eleva la dependencia fiscal de México, mientras Hacienda busca aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos.
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En 2027, el 70% de todos los ingresos públicos que se tienen previstos y rebasan los 6.1 billones de pesos tendrán su origen en el pago de impuestos como el ISR, el IVA, IEPS y a las importaciones, este es el porcentaje más alto del que se tiene registro desde 1990. Mientras, los ingresos petroleros apenas aportarán el 10.3%, con 910,868 millones el menor nivel del que se tiene registro, con solo 10.3%, que representan 910,868 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los Precriterios de Política Económica 2027 presentados el primero de abril.
Las previsiones de Hacienda representan una mayor presión para la fiscalización de empresas y personas físicas, pues se descarta una reforma fiscal que implique el incremento de impuestos.
“Se contempla un crecimiento alrededor de 2.5% en la meta de recaudación, eso se puede entender como la necesidad de una mejor recaudación, si es que se continúa con el mismo criterio de no elevar la actual base de impuestos o crear impuestos nuevos”, comentó a Expansión, Luis Carlos Figueroa Moncada, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
La mayor participación de los ingresos tributarios arrancó con la reforma fiscal de gran calado que aplicó desde 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ante el declive de los ingresos petroleros que inició un año antes en 2013, luego de que en 2008 se registrara su mayor aportación con 44.3%. Después, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, la política tributaria radicó en reforzar la aplicación de las disposiciones ya establecidas para la fiscalización y revisión de contribuyentes, además de eliminar la condonación de impuestos para las grandes empresas.
Todo sin una reforma fiscal integral, que hasta la fecha, en el gobierno de Claudia Sheinbaum no se concreta.
“Año con año, se han ido incorporando reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), para hacer más eficiente esa fiscalización, por lo que, pudiéramos esperar que haya de nueva cuenta este tipo de modificaciones”, explicó Figueroa Moncada.
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Si bien la recaudación de impuestos por fiscalización y revisión a las empresas perdió ritmo en este primer semestre, se espera que esta se recupere al cierre de año, conforme avance la implementación de los cambios al código fiscal que se aplicaron desde este 2026, para el combate a las empresas fantasmas o factureras.
Recién el SAT ha publicado las primeras listas de los contribuyentes que recibieron facturas falsas, quienes deberán presentar una declaración complementaria, y renunciar a ciertas deducciones que aplicaron por estos comprobantes, lo que significan ingresos para el erario, explicó el especialista del IMCP.
Con incentivos y no con presión
Por igual se espera que los contribuyentes que ya están en orden cumplan con sus obligaciones de manera voluntaria, e incluso la autoridad fiscal, analiza que continúen programas como el de Regularización Fiscal, que condona hasta el 100% de las multas y recargos, por créditos fiscales.
“El programa es exitoso, las cifras lo avalan, el universo de los contribuyentes beneficiados es mayor, frente al año anterior. Derivado de los resultados se estará pensando en ampliar este programa, estaremos esperando qué publican en la Ley de Ingresos de la Federación; sin embargo, referirles que este programa es muy beneficioso, porque los contribuyentes están reduciendo hasta el 100% el tema de recargos, multas y gastos de ejecución”, comentó Erik Mendoza Campuzano, administrador desconcentrado de Recaudación DF 3, a inicios de agosto.
Para que esto suceda, el poder Ejecutivo debe proponerlo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el encargado de discutir y aprobar, o no, la propuesta es el Congreso de la Unión, esta debe presentarse a más tardar el 8 de septiembre como parte del Paquete Económico.
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