México se alinea con sus socios del T-MEC para revisar inversiones por seguridad nacional

La propuesta forma parte de un paquete de 11 reformas que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso para su discusión, la cual no plantea someter a escrutinio toda la inversión extranjera que llegue a México ni toda la destinada a sectores estratégicos.

El procedimiento obligatorio se concentraría en determinadas adquisiciones: aquellas en las que el capital extranjero pretenda superar 49% de una sociedad mexicana, sus activos rebasen el umbral que determine la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) y su actividad corresponda a alguno de los sectores sensibles establecidos en la iniciativa.

La diferencia es importante, porque el punto no es solamente cuánto dinero extranjero entra a México, sino quién puede tomar una participación mayoritaria en determinadas empresas mexicanas, qué activos quedarían bajo su control y si la operación representa un riesgo para la seguridad nacional.

El cambio también alcanza la composición de la CNIE. Las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana se incorporarían como integrantes de la Comisión.

Cuando se discutan asuntos de seguridad nacional también participarían, como invitados permanentes con voz pero sin voto, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El Ejecutivo sostiene que la presencia de estas instituciones permitirá incorporar conocimiento especializado a la evaluación de las adquisiciones.

Eso no significa que las Fuerzas Armadas o los organismos de inteligencia decidirán por sí solos qué inversión puede entrar a México. La decisión seguirá en la CNIE y, cuando se trate de asuntos de seguridad nacional, los acuerdos se tomarán por mayoría de sus integrantes. La presencia de autoridades de seguridad en este tipo de revisiones tampoco es ajena a América del Norte .

EU y Canadá ya lo hacen

Estados Unidos cuenta desde hace décadas con el Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), encabezado por el Departamento del Tesoro. El comité analiza determinadas operaciones extranjeras cuando pueden tener implicaciones para la seguridad nacional.

En él participan, entre otros, los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Estado, Justicia, Comercio y Energía. El director de Inteligencia Nacional participa como miembro ex officio sin voto.

El objetivo estadounidense no es cerrar la entrada al capital extranjero, pues el Departamento del Tesoro sostiene que CFIUS busca atender riesgos de seguridad nacional sin perder los beneficios que la inversión internacional aporta a la economía.

Canadá también somete inversiones extranjeras a revisiones de seguridad nacional mediante la Investment Canada Act, aunque su alcance es mayor al que plantea México.

El gobierno canadiense puede revisar una inversión por motivos de seguridad nacional sin importar su valor e incluso cuando se trata de ciertas participaciones minoritarias.

En las evaluaciones intervienen instituciones económicas y organismos de seguridad e inteligencia, entre ellos el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad, el Centro de Seguridad de las Comunicaciones, la Real Policía Montada de Canadá y el Departamento de Defensa Nacional.

Canadá amplió además sus lineamientos en 2025 para incorporar la seguridad económica entre los factores que pueden tomarse en cuenta. Las autoridades pueden analizar efectos sobre tecnología sensible, defensa, infraestructura crítica, datos personales y cadenas de suministro.

México refuerza

La Ley de Inversión Extranjera mexicana ya contempla una facultad de este tipo, pues el artículo 30 vigente establece que, por razones de seguridad nacional, la CNIE puede impedir adquisiciones por parte de la inversión extranjera. El propio Ejecutivo reconoce, sin embargo, que la disposición no establece los parámetros y directrices para ejercer esa atribución, lo que “en los hechos” se ha traducido en una ausencia del enfoque de seguridad nacional en el análisis de las inversiones extranjeras.

Por eso, más que crear desde cero un filtro, la iniciativa pretende desarrollar y reforzar uno que ya existe.

La reforma establece con mayor precisión qué operaciones requieren autorización, los factores que deben analizarse, las autoridades que participan, los plazos del procedimiento y las medidas que puede adoptar la CNIE.

Aquí está una de las claves para dimensionar el alcance de la propuesta. Que una empresa opere en un sector sensible no significa que cualquier inversión extranjera en ella tenga que pasar obligatoriamente por el nuevo escrutinio de seguridad nacional.

El artículo 30 Bis propuesto exige una resolución favorable de la CNIE cuando concurran las condiciones previstas: que la inversión extranjera pretenda participar directa o indirectamente en más de 49% del capital social de una sociedad mexicana, que el valor total de sus activos rebase el monto que determine la Comisión y que desarrolle alguna de las actividades consideradas sensibles.

Si, por ejemplo, un inversionista adquiere una participación minoritaria en una empresa mexicana de inteligencia artificial o semiconductores, la pertenencia a ese sector no basta por sí misma para activar este procedimiento obligatorio.

Existe además otro matiz: si la participación pretendida supera 49%, pero los activos de la sociedad mexicana no alcanzan el umbral fijado por la CNIE, la iniciativa establece que presentar la solicitud será voluntario. El filtro obligatorio está dirigido, por tanto, a un universo más específico de operaciones.

Sectores bajo la lupa

La iniciativa sí establece una lista amplia de actividades que pueden tener implicaciones para la seguridad nacional.

Entre ellas aparece la infraestructura estratégica física o virtual relacionada con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, infraestructura aeroespacial, defensa e instalaciones esenciales para esas actividades.

También incorpora tecnologías críticas y productos de doble uso, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnología y biotecnología.

A ello se suman el suministro de insumos fundamentales, en particular energía y materias primas; la seguridad alimentaria, y el acceso o capacidad para controlar información sensible, incluidos datos personales. La CNIE podría determinar mediante resolución general otras actividades análogas o de naturaleza similar.

La lista no significa que esos sectores queden cerrados a la inversión extranjera. Define las actividades que, junto con las demás condiciones previstas en la ley, pueden llevar una adquisición al escrutinio obligatorio.

El pendiente del T-MEC

La reforma llega cuando la revisión de inversiones extranjeras ya forma parte de las discusiones sobre seguridad económica alrededor del T-MEC. La diferencia entre México y sus socios ha llamado particularmente la atención: Estados Unidos cuenta con CFIUS y Canadá con la Investment Canada Act, mientras el mecanismo mexicano tiene un alcance menos desarrollado.

El Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha señalado precisamente esa brecha. En sus análisis rumbo a la revisión del T-MEC sostiene que México aún no cuenta con un marco de revisión por seguridad nacional comparable con los de Estados Unidos y Canadá.

La discusión gana peso por otro factor: China . En Estados Unidos existe preocupación por el crecimiento de inversiones chinas en México y por el acceso que puedan tener a cadenas productivas, infraestructura y tecnología de América del Norte.

CSIS advierte que el artículo 32.10 del T-MEC, relacionado con acuerdos comerciales entre los integrantes del tratado y economías de no mercado, no resuelve por sí mismo los riesgos que identifica Estados Unidos en materia de inversión extranjera. El análisis vincula esta insuficiencia con la mayor presencia de inversión china y con las preocupaciones que genera en Washington.

La iniciativa de Sheinbaum, sin embargo, no menciona a China ni establece un filtro dirigido a inversionistas de un país determinado. Tampoco hay elementos en el documento para afirmar que la reforma responda a una exigencia de Estados Unidos.

Lo relevante es que una discusión que ya estaba presente alrededor del T-MEC coincide ahora con el diagnóstico del propio gobierno mexicano. Especialistas habían señalado la falta de un mecanismo comparable con los de sus socios y el Ejecutivo reconoce que, aunque la CNIE ya podía impedir adquisiciones por seguridad nacional, la ausencia de parámetros y directrices se ha traducido “en los hechos” en la falta de ese enfoque al revisar inversiones.

México tampoco sería el único en ampliar el análisis de la inversión más allá de su efecto económico. La Unión Europea cuenta desde 2019 con un marco para examinar operaciones que puedan afectar la seguridad o el orden público.

Los sectores que considera guardan similitudes con los incluidos en la iniciativa mexicana: infraestructura crítica, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y nucleares, energía, materias primas, seguridad alimentaria y datos sensibles.

Si el Congreso aprueba la reforma, México seguiría con un esquema distinto, pero reduciría una diferencia que ha cobrado relevancia en la revisión del T-MEC.