Esa ausencia no solo genera asimetrías regulatorias dentro del bloque, también abre espacios por donde pueden filtrarse inversiones vinculadas a gobiernos rivales, esquemas de triangulación comercial o flujos de capital que terminan por fortalecer intereses estratégicos ajenos a Norteamérica.
David Gantz, investigador del Centro México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, expuso el punto con claridad. México, sostuvo, requiere un mecanismo equivalente al Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, conocido como CFIUS, para evaluar inversiones extranjeras, en particular aquellas con origen chino, aunque no de forma exclusiva.
El riesgo, advirtió, va más allá del capital financiero. Incluye la posibilidad de que empresas utilicen territorio mexicano como plataforma de trasbordo de bienes chinos hacia Estados Unidos, en sectores sensibles como acero, vehículos conectados, equipo médico o transporte marítimo. Frente a ese escenario, planteó dos rutas posibles. Un esquema nacional propio o un modelo coordinado con Estados Unidos y Canadá.
En los últimos años, Estados Unidos mantiene la lupa sobre las inversiones de China en México. De acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Economía, en 2024 la inversión proveniente del país asiático alcanzó un máximo histórico de 916 millones de dólares.
De hecho, ya existen esfuerzos para fortalecer el control de la inversión extranjera en México. El 7 de diciembre de 2023, la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, firmaron un Memorándum de Intención que subraya la relevancia del control de inversiones como herramienta para proteger la seguridad nacional.
Los mecanismos de EU y Canadá
En Estados Unidos, ese filtro existe desde hace décadas. El CFIUS opera como un órgano interinstitucional coordinado por el Departamento del Tesoro e integrado por dependencias clave como Defensa, Comercio, Seguridad Nacional, Estado y Energía. Su función consiste en revisar adquisiciones, fusiones o participaciones de capital extranjero en empresas estadounidenses cuando la operación involucra sectores sensibles, infraestructura crítica, tecnologías estratégicas o grandes volúmenes de datos personales.
El proceso puede iniciar por decisión voluntaria de las empresas o activarse de forma obligatoria en ciertos supuestos, lo que permite al gobierno evaluar riesgos antes del cierre de la transacción.
Cuando el comité identifica amenazas potenciales, puede imponer condiciones para mitigar riesgos, exigir ajustes en la estructura de la inversión o recomendar al presidente de Estados Unidos que bloquee o revierta la operación. Su alcance se amplió de forma sustantiva en 2018 con la aprobación de la ley FIRRMA, que extendió la supervisión a inversiones minoritarias y a tecnologías emergentes.
Ese fortalecimiento convirtió al CFIUS en una referencia internacional y explica por qué Washington presiona a sus socios comerciales para contar con mecanismos equivalentes que eviten vacíos regulatorios dentro de cadenas productivas cada vez más integradas.
Canadá cuenta con un esquema similar. La revisión de inversiones extranjeras se rige por la Investment Canada Act, que permite al gobierno evaluar operaciones bajo dos criterios centrales. El primero es el beneficio neto, que analiza si la inversión aporta ventajas económicas al país, como empleo, producción o innovación.
El segundo es el de seguridad nacional, que se activa cuando una operación puede afectar sectores sensibles. El proceso lo coordina el Ministerio de Innovación, Ciencia e Industria, con la participación de agencias de seguridad e inteligencia.
En años recientes, Canadá endureció ese marco para alinearlo con sus aliados, en especial con Estados Unidos. El gobierno puede imponer condiciones, bloquear inversiones o incluso ordenar la desinversión cuando identifica riesgos, sobre todo en operaciones vinculadas con capital de países considerados de alto riesgo estratégico, como China. Esa convergencia regulatoria dejó a México como la excepción dentro del bloque.
Un rastreo trilateral
Diego Marroquín Bitar, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, fue aún más categórico. México carece de un mecanismo formal de investment screening y ese enfoque divergente expone a Estados Unidos a riesgos de seguridad y vacíos regulatorios. Para corregirlo, propuso avanzar hacia un comité norteamericano de seguridad económica que permita coordinar decisiones, compartir información y cerrar brechas entre los socios. En su lectura, la debilidad institucional de uno termina por afectar a todo el bloque.
Sarah Stewart, directora ejecutiva de Silverado Policy Accelerator, amplió la discusión. Para ella, el problema no se limita a la ausencia de un comité formal. También refleja la falta de capacidades para rastrear quién invierte, con qué estructura de propiedad y con qué objetivos estratégicos. Stewart propuso mayor intercambio de información entre los socios, transparencia sobre beneficiarios finales y coordinación regional para cerrar espacios de vulnerabilidad, en particular en minerales críticos y semiconductores, donde China mantiene una posición dominante.
Emily Kilcrease, investigadora principal y directora del Programa de Energía, Economía y Seguridad del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, colocó el debate en una perspectiva más amplia. La revisión del T-MEC, afirmó, debe servir para alinear las políticas de seguridad económica de Norteamérica frente a China.
Eso incluye controles a la exportación, programas de importación tecnológica confiable y mecanismos de revisión de inversión extranjera en cada país. Sin salvaguardas sólidas, advirtió, la creciente integración de México en cadenas ligadas a infraestructura de inteligencia artificial eleva el riesgo de desvío de tecnologías sensibles.
La revisión del T-MEC no girará solo en torno al comercio tradicional. La seguridad de las inversiones se perfila como uno de los ejes más delicados de la negociación. México, convertido en plataforma clave del nearshoring y en socio comercial prioritario de Estados Unidos, enfrenta el reto de fortalecer su arquitectura institucional.
