Reforma a Ley Aduanera representa atrasos y sobrecostos para importadores y exportadores

La propuesta entregada el pasado 8 de septiembre al Congreso por el Ejecutivo Federal, contiene modificaciones para que las autoridades aduaneras puedan aplicar un embargo precautorio inmediato cuando determinen que hay diferencias entre el valor de mercancías que declara un importador, y el precio asignado por la autoridad.

En la actualidad, esto ocurre cuando una mercancía declarada está por debajo del 50% del precio referido, y la reforma busca eliminar este umbral. También se propone que la autoridad inicie facultades de comprobación por variaciones de precio respecto a mercancías comparables.

Si bien la reforma busca eliminar la subvaluación de mercancías, aplicaría a nivel general, y no a industrias específicas que se han visto afectadas por esta mala práctica de competencia desleal. Esto generaría atrasos en las cadenas de valor, especialmente a las que trabajan sus cadenas de suministro bajo el modelo Just in Time como la manufacturera, de autopartes, de fabricación de vehículos y maquinaria.

En su participación, Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA) expuso el caso documentado de una empresa que cubrió las contribuciones, actualizaciones y recargos determinados por la autoridad, solicitó formalmente la liberación de la mercancía, sin embargo, el embarque permaneció retenido aproximadamente seis meses .

“Seis meses no representan solamente un problema administrativo, pueden significar paros de producción, incumplimientos con armadoras, costos de almacenaje, capital inmovilizado y afectaciones a compromisos de exportación”, comentó Padilla.

En tanto, la investigadora y académica, Zurisaday Cruz explicó que un dictamen técnico de valor por parte de los verificadores aduaneros toma más de una semana.

La académica detalló que cuando las revisiones toman días y sin reportar anomalías se generan costos colaterales para los importadores cumplidos, por ejemplo: de 4,000 a 14,000 pesos diarios por unidad retenida en aduana. Además hay cobros de 130 a 270 dólares diarios si la mercancía viaja en contenedor, por uso extendido del equipo. También entre socios y clientes hay penalizaciones por entregas tardías y paros en líneas de producción.

Alejandra Rosete, directora de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) advirtió que “de aprobarse la iniciativa, deberá preverse que los importadores no tienen acceso a los valores de mercancías idénticas o similares, información que solo posee la autoridad aduanera, por lo que es indispensable crear un mecanismo que les permita consultar esta información, toda vez que puede haber otras idénticas o similares que están por debajo del valor declarado y la autoridad pudiera estar pasándolas por alto”.

De no hacer modificaciones y este tipo de precisiones, Eréndira Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (ANAFAC), dijo que se corre el riesgo de que los recintos fiscalizados se saturen, lo que generará demoras en el despacho de mercancías, falta de espacio físico en aduanas, y pérdidas cuantiosas para importadores y exportadores.

Presentan alternativas a ley aduanera del gobierno federal

“Hay que fortalecer el control aduanero eso sin duda todos lo queremos, pero sin convertirlo en un obstáculo para el comercio legítimo. Tenemos oportunidades particularmente importantes en este momento; estamos en el proceso de revisión del T-MEC cuyo capítulo siete establece compromisos muy claros en materia de administración aduanera y facilitación”, explicó Pedro Canabal, profesor de Auditoría de Comercio Exterior y Legislación Aduanera de la Universidad Panamericana.

Canabal, quien fue funcionario en el Servicio de Administración Tributaria refirió que se puede utilizar tecnología y la inteligencia artificial para identificar operaciones de alto riesgo, segmentando las que no son de alto riesgo, “entonces el operador cumplido debe recibir un tratamiento distinto del operador que presenta inconsistencias recurrentes”.

Para evitar estos riesgos la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) propone sustituir el embargo precautorio inmediato, por un esquema de retención temporal con plazos fijos y acotados.

De acuerdo con su presidente, José Ignacio Zaragoza Ambrosi la propuesta contiene plazos claros: 24 horas para notificar, cinco días hábiles para acreditar el valor, y 72 horas para resolver, solo si no se acredita que proceda el embargo.

“También proponemos acotar el nuevo criterio de la eliminación del piso objetivo, exclusivamente a mercancías de consumo final y sensibles conforme a reglas, dejando fuera a los bienes intermedios y activos fijos, los cuales sostienen la industria maquiladora de exportación, automotriz, terminal eléctrica y electrónica, columnas vertebrales de la relocalización de cadenas de suministros que impulsan al Plan México”, explicó Zaragoza Ambrosi.

Finalmente, los diputados de la Comisión acordaron llevar a cabo mesas de trabajo directas entre los sectores industriales, representantes empresariales y las autoridades aduaneras y fiscales; ANAM, SAT y SHCP para revisar operativamente los puntos críticos.