La iniciativa de Ley de Economía Digital pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de dejar los billetes en casa: qué tan preparado está México para depender de los pagos electrónicos.
Aunque usar una tarjeta de débito o resolver operaciones desde apps bancarias forma parte de la rutina de millones de personas, una parte de la población todavía no tiene acceso a esas herramientas.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos es una iniciativa enviada al Congreso por el gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir el uso de efectivo y ampliar los pagos con tarjeta, transferencias, códigos QR y otras herramientas digitales. La propuesta parte de un dato clave: cerca del 80% de las transacciones diarias en México todavía se realizan con dinero físico.
Uno de los cambios centrales sería obligar a dependencias federales, estatales y municipales a aceptar medios digitales para el pago de trámites y servicios. Además, la Secretaría de Hacienda podría definir actividades económicas donde el pago electrónico sea la única opción permitida, sin que eso implique eliminar el efectivo de manera general en todo el país.
Entre los primeros sectores identificados para aplicar este esquema se encuentran las gasolineras y las casetas de carreteras, donde el pago en efectivo dejaría de aceptarse una vez que entren en vigor las disposiciones correspondientes. La iniciativa también busca impulsar herramientas como CoDi y DiMo para extender el uso cotidiano de pagos electrónicos.
Para medir el acceso real a los servicios financieros hay que partir de los 94.22 millones de adultos de 18 años y más representados por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.
La fotografía nacional queda así:
Tener una cuenta actualmente es especialmente relevante cuando se habla de ampliar los pagos electrónicos. El dato muestra que casi cuatro de cada diez adultos no cuentan hoy con este tipo de producto, aunque algunos sí lo utilizaron anteriormente.
También hay una diferencia importante entre haber estado bancarizado alguna vez y conservar acceso al sistema financiero. Por eso, el 74% que tiene o tuvo una cuenta no debe confundirse con el 63% que dispone actualmente de una.
No todas las cuentas sirven al mismo propósito ni llegan a la población de la misma forma. Algunas están ligadas al trabajo, otras al ahorro, a programas gubernamentales o incluso fueron abiertas completamente por internet.
Tomando nuevamente como base a los 94.22 millones de adultos, la ENIF registra:
Estas cifras no deben sumarse para calcular cuántos mexicanos están bancarizados, pues una misma persona puede contar con más de un tipo de producto financiero.
Pagar o mover dinero sin acudir a una sucursal requiere algo más que tener una cuenta. También entran en juego el acceso a un teléfono inteligente que puede permitir pagos con CoDi.
Los datos muestran tres niveles distintos:
Aquí la base cambia y es importante no perderla de vista. Ese 62% no corresponde a todos los adultos de México, sino exclusivamente a los 59.36 millones que actualmente tienen una cuenta de captación o depósito.
Así, disponer de un smartphone está mucho más extendido que utilizar una aplicación bancaria. Tener la tecnología en la mano no significa necesariamente contar con un producto financiero o usar el celular para administrar dinero.
Para entender por qué parte de la población sigue fuera del sistema financiero, la ENIF también preguntó las razones a los 24.50 millones de adultos que nunca han tenido una cuenta formal.
Dos respuestas concentran buena parte de los casos:
- 8.82 millones (36%) consideran que no necesitan una cuenta.
- 7.35 millones (30%) señalan que no tienen ingresos suficientes.
Los datos muestran que la barrera no depende únicamente de disponer de internet, un celular o una aplicación. Para millones de personas también pesan la situación económica y la percepción de que una cuenta bancaria no resulta necesaria para manejar su dinero.
