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Las empresas eólicas invertirán 10,000 mdd "si se dan las condiciones"

Las compañías del sector eólico buscan triplicar en este sexenio la generación eléctrica procedente del viento, pero algunas decisiones del gobierno pueden frenar su expansión.

Las empresas del sector eólico buscan triplicar en este sexenio la generación eléctrica procedente del viento, y para ello preparan grandes desembolsos. Sin embargo, advierten que todo dependerá de que existan las condiciones que permitan el despliegue de la infraestructura.

La cifra que se puede alcanzar es de 10,000 millones de dólares, dice Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). "Pero algunos de los proyectos no se van a poder hacer si no se construyen las líneas de transmisión”, añade el representante gremial.

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Recientemente, la administración de Andrés Manuel López Obrador suspendió de manera indefinida los procesos de subastas o licitaciones de largo plazo que en los años anteriores habían impulsado a las energías renovables, como la eólica, entregando permisos a las compañías para que puedan generar electricidad. También frenó la licitación para construir una línea de transmisión directa que iba a conectar el sur del país —sobre todo los parques eólicos de Oaxaca— con el centro.

Ahora, los desarrolladores —que tienen cerca de 1,000 MW de capacidad en parques eólicos derivados de las subastas eléctricas, más 800 MW que se construyen por acuerdos entre privados— esperan que el gobierno ofrezca alternativas para continuar el crecimiento de esta industria. La energía eólica ya aporta cerca del 7% de la generación eléctrica del país, y aspira a llegar al 15% en 2024.

En apoyo del regulador

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Para que estas metas se alcancen, los proyectos de generación eléctrica en el país necesitan un regulador fuerte que permita mantener el piso parejo entre los jugadores del mercado, considera Rodríguez. “El órgano regulador es importante porque, al ser el árbitro, fomenta la eficiencia que termina beneficiando a los mexicanos”.

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En las últimas semanas, el papel del órgano regulador del sector, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ha sido criticado por el gobierno, y López Obrador ha acusado a su titular, Guillermo García Alcocer, de incurrir en conflictos de interés, algo que este último ha negado.

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